El pasado día 20 de Junio nos concentramos ante el Tribunal Superior de Justicia para seguir nuestras reivindicaciones y entregamos ante el Tribunal Superior de Justicia de firmas de los compañeros y compañeras en las que solicitaban no se implantara la Nueva Oficina Judicial en el resto de órganos de la Ciudad de Murcia, por ser simplemente un cambio de nombre siguiendo en la practica las cosas igual y el funcionariado si pierde una serie de derechos.
Una vez mas, los funcionarios y funcionarias se sienten manipulados por los que tienen la responsabilidad a nivel judicial en esa Región.
Y para muestra un botón. A pesar de las numerosas voces de algunos Alcaldes y del propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia (vocal del Consejo General del Poder Judicial, Consejo que ha informado favorablemente al anteproyecto) , en las que negaban la perdida de los partidos judiciales y que nosotros insistimos en que el anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es bastante preciso. Lo mas cercano, al siguiente día de su publicación es la perdida de la Justicia de Proximidad que de aprobarse tal y como está el anteproyecto de LOPJ supondrá la desaparición de todos y cada uno de los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz existentes y de todos los partidos judiciales que conforman hoy la primera base de la estructura territorial judicial española.
Por todo ello CCOO Sector de Justicia denuncia que no es cierto que la desaparición de dichos Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz beneficie al buen funcionamiento de la justicia.
Los datos estadísticos no mienten y así los Juzgados de Paz españoles tramitaron el año pasado 1.010.056 en materia penal (de un total de asuntos ingresados de 1.011.038), mientras que en materia civil resolvieron un total de 1.088.656 asuntos (de un total de asuntos ingresados de 1.087.409), asuntos como juicios de faltas, exhortos, diligencias previas en la investigación de hechos denunciados, actos de conciliación, juicios verbales, a lo que se añade las funciones de registro civil (no incluidas en esa estadística), desmienten los argumentos esgrimidos una y otra vez por el ministro Gallardón para eliminar la justicia de paz y el coste que para el ciudadano supondría el desmantelamiento de estos órganos, eso sin mencionar el coste económico que también repercutiría negativamente en dichos municipios.
COORDINADORA SECTOR JUSTICIA CCOORM