Se han formulado denuncias por irregularidades en la compra y en las condiciones higiénicas de almacenamiento alimentario
Las piezas detectadas han sido inmovilizadas y puestas a disposición de la Dirección General de Salud Pública
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la Operación 'DATIL II' y en colaboración con el servicio de Pesca y Acuicultura y de Seguridad Alimentaria de la Comunidad Autónoma, ha llevado cabo diversas inspecciones en establecimientos de hostelería que se han saldado con la incautación de unos 200 kilogramos de productos pesqueros que carecían de la documentación que ampara su compra, así como por deficiencias en las condiciones higiénicas para su almacenaje.
Las visitas giradas por el SEPRONA y la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Benemérita, junto con inspectores de la Comunidad Autónoma, a establecimientos de hostelería de la zona del Mar Menor ha supuesto la incautación de piezas de distintas especies que se hallaban almacenadas para su venta directa al público en un establecimiento hostelero, y sobre las que no se demostró la preceptiva posesión de documentos relativos a su compra a través de los canales legales de distribución.
Las irregularidades detectadas, tanto en la documentación que debe amparar el producto como en las condiciones para su almacenaje, han motivado que la Dirección General de Salud Pública resuelva el decomiso de los productos y la apertura del correspondiente expediente sancionador, así como la suspensión temporal de la actividad de dispensar alimentos del local.
El resultado de las actuaciones se ha saldado con la inmovilización en el propio establecimiento de unos 200 kilogramos de distintas especies (sargo, pulpo, cangrejo, almejas, cigalas y otros) y la formulación de denuncias para su trámite al Servicio de Pesca y Acuicultura de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, así como al Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Dirección General de Salud Pública y Drogodependencias de la Consejería de Sanidad y Política Social, que son los órganos competentes en sancionar este tipo de infracciones administrativas.