Región

El PSOE reta a Garre a que empiece su mandato dando respuestas concretas a problemas como la desaladora de Escombreras

Begoña García Retegui pregunta al próximo presidente de la CARM si va a incluir al consejero Cerdá en su equipo, a pesar de ser responsable del desaguisado de esta planta que nos costará 600 millones de euros de dinero público

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui señaló que el próximo presidente de la Comunidad, Alberto Garre, tiene el reto de asumir el antojo de Valcárcel con la desaladora de Escombreras. García Retegui reclamó a Alberto Garre que dé respuestas concretas a problemas muy serios que tiene la Región y le pidió un compromiso durante el Debate de Investidura que comienza mañana.

García Retegui manifestó que aunque la empresa de esta planta haya retirado la demanda, lo que está claro es que el Gobierno regional no sale airoso ni con una posición de fuerza de esta negociación, pues tiene que hacer efectiva la deuda a las empresas y el contrato no es ventajoso. "Alguien tendrá que rendir cuentas a la ciudadanía de por qué esta desaladora nos va a costar 600 millones de euros para un agua que no necesitamos", formuló.

Explicaciones de Cerdá

Para la parlamentaria socialista, "la explicación dada por Cerdá recientemente en la Asamblea Regional demuestra que mintió, porque aseguró que se estaban negociando unas condiciones más favorables para reducir el precio del contrato de mantenimiento y el precio del agua. Finalmente, se ha demostrado que solo han conseguido un contrato carísimo, perjudicial para los intereses de la Región, que se prolongará hasta 2034 y por el que terminaremos pagando 600 millones de euros de dinero público. Estamos hablando de un agua prescindible, cuyo destino únicamente va dirigido a los desarrollos urbanísticos y campos de golf".

García Retegui preguntó, asimismo, a Alberto Garre si tiene previsto contar en su gobierno con Antonio Cerdá, "un consejero cuestionado y responsable de este desaguisado", porque como dice el Tribunal de Cuentas, aún en las mejores circunstancias, una desaladora que nos va a costar como mínimo 11 millones de euros anuales, además del contrato de mantenimiento. "Y todo para un agua que no va a generar riqueza ni crecimiento económico y que no necesitamos porque ya disponemos del agua desalada de las plantas construidas por el Ministerio de Medio Ambiente socialista. Esta es parte de la herencia envenenada de Valcárcel que nos hipoteca el futuro", concluyó.

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