La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) constatará la semana próxima el precio del pollo en todas las cadenas de la distribución. El objetivo es examinar si alguna empresa está realizando ofertas abusivas o venta a pérdidas con la carne de pollo. Si se demuestra que la distribución "ha vuelto a las andadas" utilizando esta carne como producto reclamo, UPA retomará los actos reivindicativos.

Después de cancelar hace apenas diez días los repartos masivos de carne de pollo a las puertas de establecimientos de la gran distribución, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos podría verse obligada a retomar las movilizaciones.

La organización realizará durante la próxima semana un "exhaustivo análisis" de los precios de venta al público en las diferentes cadenas de distribución, que "puede servir de base para convocar un nuevo proceso de movilizaciones a nivel nacional", como las que se han llevado a cabo hace unos días en Galicia.

UPA ha exigido también al Ministerio de Agricultura que "deje de mirar para otro lado" y aplique la Ley de la cadena alimentaria, cuyo objetivo principal es evitar los abusos de la distribución. "Arias Cañete debe exhortar a la distribución a ser responsables y a que dejen de banalizar la carne de pollo. Se trata simplemente de cumplir la ley", han subrayado.

Los ganaderos de pollos generan 50.000 empleos en nuestro país, produciendo más de 11 millones de animales a la semana y facturando 1.300 millones de euros al año. Sin embargo, y a pesar del incremento del consumo, desde 2005 una de cada cinco granjas ha tenido que cerrar.

En la Región de Murcia más de 200 explotaciones se dedican a la cría y engorde de pollos, y en los últimos tiempos vienen padeciendo las consecuencias de los abusos de la distribución, que se repercuten hacia abajo en la cadena. La producción de un número menor de camadas/año así como que cada una de las camadas sea de un número de animales inferior a la capacidad de las granjas se muestran como las principales repercusiones que sufren los ganaderos y que disminuye su rentabilidad.

"UPA no admitirá una situación de precios que implique banalización del producto y que pueda suponer la ruina para miles de los miles familias que dependen de esta actividad", han recalcado. La organización cifra en más de 5 millones de euros las pérdidas del sector cada semana que se mantienen estas ofertas "abusivas".