Los diputados de IU-Verdes, José Antonio Pujante, y PSRM-PSOE, Begoña García Retegui, han pedido hoy en rueda de prensa al Gobierno Regional que se sume al recurso de inconstitucional contra la reforma de la ley de bases de régimen local.
Pujante y García Retegui han estado acompañados por los concejales Esther Herguedas y Pedro López, y los responsables de Política Municipal de sendas organizaciones, José Luis Álvarez-Castellanos y Jesús Navarro.
Pujante ha indicado que la reforma local del Gobierno de la Nación incluye un proceso de privatización de servicios públicos y la eliminación de prestaciones básicas en materia social.
El dirigente de IU-Verdes ha explicado que el recurso es un documento "extenso y argumentado jurídicamente" en el que se denuncia la vulneración de muchos artículos de la Constitución que supone la reforma.
Además, ha señalado que con esta ley se abre un proceso de recentralización que "va a perjudicar seriamente a la ciudadanía" porque, entre otras cosas, supondrá un aumento en las facturas del agua o el alcantarillado.
Herguedas ha afirmado que la reforma suprime el principio de subsidiaridad, que señala que la administración que tenga más capacidad para atender las necesidades de la ciudadanía es la que debe ejercer esa competencia.
Para la edil, los ayuntamientos sí tienen capacidad "y así lo han demostrado" para ejercer un buen número de competencias y dotar de servicios a los ciudadanos, algo que otras administraciones no cubren.
"Con la excusa de la sostenibilidad financiera, el PP pretende ahorrar 8.000 millones de euros en las administraciones, y para ello elimina servicios", ha remarcado.
A su juicio, el argumento de que existe duplicidad de competencias es irreal porque "los servicios se están distribuyendo de una forma correcta y adecuada".
Ha opinado que el objetivo de la reforma es recortar y suprimir servicios básicos, y ha destacado los efectos negativos que tiene su aplicación, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Asimismo, ha manifestado que la reforma es "una chapuza", y como muestra de ello ha apuntado que el Gobierno está enviando interpretaciones de la norma a los ayuntamientos.
"Por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia hace un mes no pagaba facturas porque no sabía cómo interpretar la ley", ha añadido Herguedas, tras recordar que en el trámite parlamentario la reforma recibió muchas enmiendas por parte del propio PP.
Por su parte, Álvarez-Castellanos ha recordado que desde los ayuntamientos se ha iniciado una vía para instar al Tribunal Constitucional a recurrir esta ley, que ha tildado de "golpe de estado contra la autonomía local".
El responsable de Política Municipal de IU-Verdes ha anunciado que los municipios de Mula, Calasparra y Mazarrón se han sumado a esta iniciativa.
"Esperemos que la Justicia, igual que dio la razón a la ciudadanía en el caso de la sanidad en Madrid, también aquí para este atentado".
Para Álvarez-Castellanos, la reforma vacía de contenido a los ayuntamientos porque recorta servicios básicos como los sociales y afecta, entre otros, al mantenimiento de centros educativos o la oficina del consumidor, que desaparece.