El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, y el director de Cáritas, José Luis Leante, firmaron hoy un convenio de colaboración cuyo objeto es financiar el pago del alquiler de viviendas arrendadas a familias en riesgo de exclusión social o situación especial de vulnerabilidad, que cuenta con una dotación de 36.000 euros.

Sevilla explicó que el acuerdo establece dos tipos de ayudas, una de carácter ordinario, que tendrá un máximo de 250 euros mensuales, y otra extraordinaria, para cuando se den situaciones excepcionales, por un importe máximo de 750 euros.

"Lo relevante es el proceso de acompañamiento a la persona receptora o unidad familiar que realizará Cáritas, una organización con experiencia y trayectoria, que va unido a la concesión de la ayuda", destacó el consejero.

Entre las prioridades de la política de vivienda desarrollada por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio se encuentra facilitar el acceso a la vivienda de familias desfavorecidas como medio de integración y normalización social. Sevilla señaló que "motivar que personas que están pasando por graves dificultades económicas mantengan sus viviendas es un factor fundamental para la integración social, y evitar así su exclusión por este motivo".

Las ayudas que se establecen en el acuerdo se concederán por un plazo de 12 meses, siempre que se mantengan las condiciones existentes en el momento en el que se otorgaron, que, entre otras, se centran en que los ingresos de la unidad familiar y de las personas que vayan a tener su domicilio habitual en la vivienda arrendada, en conjunto, no superen el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En segundo lugar, que se encuentren en un supuesto de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Proteger a familias vulnerables

El consejero destacó la importancia de destinar una parte de la acción y de los recursos públicos de la Comunidad a facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas más desfavorecidas de la sociedad, "ya que el impacto de la vivienda en los procesos de cohesión social es enorme".

Sevilla dijo que, "de una vivienda digna depende la consecución de las demás necesidades básicas del ser humano. Así, el convenio con Cáritas no es una acción aislada, sino que forma parte de la política de vivienda que el Gobierno regional lleva a cabo para proteger las situaciones de vulnerabilidad social".

Algunas de las acciones desarrolladas en esta materia son el mantenimiento óptimo del parque regional de viviendas públicas, las minoraciones de alquiler en este tipo de inmueble social -que permite una reducción de la renta mensual de hasta el 95 por ciento-, distintas actuaciones para la erradicación de la infravivienda y el chabolismo y la puesta en marcha del Servicio Regional de Orientación e Intermediación Hipotecaria.