La nueva norma liberalizará la actividad económica, de forma que los emprendedores no encuentren cargas burocráticas que retrasen u obstaculicen sus iniciativas

El Gobierno regional primará la responsabilidad del emprendedor frente a los sistemas de autorización previa a la hora de poner en marcha su negocio, lo que supone un avance en la reducción de trámites administrativos, según se recoge en la nueva norma que elabora la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, que situará a la Región a la cabeza de las comunidades autónomas que ofrecen mayor facilidad y accesibilidad a los emprendedores para ejecutar su idea de negocio.

El consejero José Ballesta presentó hoy a los responsables de las tres cámaras de comercio de la Región las principales líneas del proyecto de ley de dinamización de la actividad industrial, comercial y de servicios de la Región y apuntó que "antes de iniciar su tramitación formal hemos querido recoger sus aportaciones y sugerencias, con las que podremos mejorar y enriquecer el texto de la norma".

La nueva norma introduce un cambio fundamental en la relación entre los empresarios y la Administración. El consejero explicó que "vamos a eliminar las licencias previas al inicio de la actividad empresarial, así como las licencias de obras de acondicionamiento de locales, sustituyéndolas por una declaración responsable del empresario, y nos centraremos en el control a posteriori de la actividad empresarial".

Al presentar la declaración responsable de inicio de actividad o de obras, el empresario deberá hacer constar que cumple con las previsiones legales establecidas, como estar en posesión de la documentación necesaria para iniciar un negocio o reformar el actual que así lo acredite, así como del proyecto técnico cuando corresponda y disponer de los justificantes del pago de los tributos correspondientes.

Además, la nueva normativa regional liberalizará la actividad económica, de forma que todo emprendedor que quiera poner en marcha una idea de negocio "no encuentre cargas burocráticas que retrasen u obstaculicen su iniciativa". En este sentido, el objetivo de la futura ley es impulsar y dinamizar la actividad económica y empresarial al tiempo que se fomenta la creación de empleo.

Por último, José Ballesta señaló que "el Gobierno regional es consciente de que la simplificación administrativa constituye, junto con el acceso a la financiación, una de las principales demandas de los empresarios".