Los cambios normativos se basan en la sostenibilidad, pero también utilizan términos de salubridad, accesibilidad… obras que, en algunos casos, están incentivados con ayudas públicas
Los arquitectos analizan estos días el cambio de modelo ante el que se encuentra la profesión, que refleja un mayor peso cada día de la rehabilitación ante la obra nueva. Los motivos alegados por los expertos son varios, obviamente la crisis económica frena las nuevas edificaciones, pero también un giro en la tendencia de gestión de la ciudad y la vivienda, basado en modelos más sostenibles. Las cifras también lo corroboran, en la última década la actividad en rehabilitación ha pasado de un 18 por ciento a un 35 por ciento.
De hecho, el Ejecutivo ha impulsado varias normas que hacen que la actividad de estos profesionales se centre ahora más que nunca en la puesta al día del parque inmobiliario, imposición que viene en muchos casos incentivada con ayudas públicas.
Estas normativas (como son la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el Decreto sobre evaluación del estado de los edificios…) obligan a los propietarios a procesos concretos de mantenimiento y de rehabilitación. Un ejemplo pueden ser hoteles, residencias… que tengan más de 50 años, que tendrán que ser sometidos a unas obras concretas de adaptación.
Los expertos con claros: hay que ir a un modelo más sostenible, de viviendas verticales, concentradas en grandes núcleos en lugar de viviendas dispersas, que implican un mayor coste de dotación de servicios. Esto unido a que una parte del parque de viviendas tiene una determinada antigüedad, ofrece una oportunidad de reorientar el trabajo y darle más protagonismo a la rehabilitación.
El decano del Colegio de Arquitectos de la Región, Antonio García Herrero, señala, además, que "tenemos que verlo como una oportunidad y entender que los edificios, que además son la inversión de nuestra vida, necesitan, como cualquier otro bien, un uso y mantenimiento adecuados para conservar y mantener el valor de nuestro patrimonio inmobiliario de forma sostenible, sin poner en riesgo el futuro".
Y ha concluido, "esto permitirá adoptar soluciones para nuestros inmuebles que van a suponer, entre otras muchas cosas, un mejor estado de conservación, una mayor comodidad de uso y acceso a los edificios e incluso una disminución de nuestra factura energética y, todo ello, con la posibilidad de obtener una ayuda pública para su realización. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo escenario de posibilidades para el futuro".