La nueva ley establece en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental basado en los principios de "prevención" y de "quien contamina, paga"
La diputada nacional del PP por Murcia en el Congreso María Ascensión Carreño ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha aprobado la modificación de la Ley de Responsabilidad Ambiental para prevenir y reparar los daños ambientales, una ley que "abre la puerta a la creación de empleo, ya que el objetivo es continuar apostando por la innovación sostenible, uniendo el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad del medio natural".
Según ha adelantado Carreño, el Congreso debatirá en breve el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, que "garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales".
Asimismo, ha destacado que esta modificación "permitirá reforzar los aspectos preventivos de la norma y fomentará los análisis de riesgos medioambientales como una importante herramienta para su gestión", y que "se mejorarán y aclararán distintos aspectos relacionados con las garantías financieras".
Carreño ha puesto de relieve que la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental propone reducir las cargas administrativas a los operadores económicos y dotar de una mayor eficacia a las administraciones mediante la simplificación del procedimiento de constitución de la garantía financiera.
Además, esta normativa, que fue sometida a participación pública y analizada por las comunidades autónomas y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, tiene como novedad la ampliación del concepto de 'daño ambiental' a las aguas.
Para la diputada nacional, así "se asegurará que la responsabilidad se aplique también a las aguas marinas", según recoge la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.
María Ascensión Carreño ha recordado que durante los años de aplicación de la Ley 26/2007 "se puso de manifiesto la necesidad de reforzar sus aspectos preventivos e impulsar el uso de los análisis de riesgos medioambientales como una herramienta importante para su gestión".
"Con dicho objetivo se establece que las autoridades competentes adopten medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de estos riesgos entre los operadores de actividades que sean susceptibles de ocasionar daños medioambientales, como una medida de gestionar y minimizar el riesgo", ha añadido.
Y es que, según ha subrayado Carreño, la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que traspuso la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, establece en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental basado en los principios de "prevención" y de " quien contamina paga".