El coordinador regional, Rafael Sánchez, ha presentado esta mañana en el registro de la Comunidad Autónoma una solicitud dirigida al director general de la Función Pública, pidiendo el mantenimiento de los nombramientos para el personal del Servicio de Empleo y Formación ( SEF)
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha exigido al director general de la Función Pública, el mantenimiento de los puestos de trabajo en el SEF. Sánchez ha presentado esta mañana en el registro de la Comunidad Autónoma una solicitud dirigida al director general pidiendo el mantenimiento de los nombramientos para el personal del Servicio de Empleo y Formación ( SEF).
En su escrito, el coordinador regional de UPyD manifiesta "que los usuarios tienen derecho a contar con unos buenos servicios públicos, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo". Así, considera que la actividad que lleva a cabo el que presta el Servicio de Empleo y Formación (SEF) "es fundamental en estas situaciones, más aún en la actualidad, teniendo en cuenta la situación de crisis económica".
Del mismo modo, ha indicado que dentro del SEF, "resulta fundamental la labor llevada a cabo por los orientadores, promotores y funcionarios de los cuerpos generales, para asistir, y orientar tanto a los desempleados, como a los empresarios".
Por ello Sánchez denuncia el cese para el 31 de diciembre de 2013 de 16 orientadores y promotores y a 4 funcionarios de los cuerpos generales del SEF. Y subraya que no hay causas económicas, presupuestarias (al venir financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal) u organizativas que justifiquen dicha decisión, "sino más bien lo contrario", ya que existe presupuesto suficiente y el cese va a suponer una degradación en la prestación del servicio, al dejar desempleados sin orientadores y funcionarios generales (mientras sigue creciendo el número de personas sin empleo), empresarios sin promotores.
A la vez se van a crear plazas de nivel inferior en las oficina de Caravaca y Alhama, ya que pasarían los servicios a estar prestados por funcionarios del cuerpo administrativo, en lugar del cuerpo de gestión administrativa, además de suponer un incremento de costes para el presupuesto regional (al financiarse con fondos regionales, en vez de con los estatales).