El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco J. Oñate manifestó que si hay algo evidente en el conflicto abierto sobre el despido de 19 trabajadores del SEF es que la Consejería ha mentido sobre las razones que le han llevado a adoptar esa decisión. Oñate aseguró que también lo ha hecho el Grupo Popular en la Asamblea Regional al presentar, sin aclarar las consecuencias, una enmienda a los Presupuestos regionales para 2014, "que ha servido de alfombra para que el director del SEF ordene los despidos".

Para el parlamentario socialista, ambos han aludido a razones técnicas, de tipo económico, ajenas a su voluntad; pero desde el PSOE se cree que en realidad ha sido una decisión calculada, quizás premeditada, para desnudar económicamente un servicio muy importante para los desempleados.

Oñate denunció que la Consejería omite, además, que aún falta por recibir una importante cantidad desde el Ministerio de Trabajo, "que en nuestros cálculos asciende a más de 13 millones de euros, que no han sido presupuestados. Luego, sí hay salida económica para el conflicto y sí hay presupuesto para mantener los puestos de trabajo, al igual que han hecho otras comunidades autónomas", subrayó.

El diputado se preguntó por qué mienten: "Pedro Antonio Sánchez y Alejandro Zamora tienen la respuesta. A los demás, nos queda el derecho a especular mientras que alguno de los dos quiera dar una explicación convincente; y si es posible, que lo haga en sede parlamentaria adonde, increíblemente, no han acudido todavía a presentar sus proyectos en materia de Empleo, a pesar de que el Grupo Socialista lo viene pidiendo reiteradamente".

Asimismo, en opinión del viceportavoz socialista, lo primero que deberían aclarar es si esta arbitraria decisión es el principio del desmantelamiento del papel del SEF como intermediario entre los parados y las empresas. "Sabemos que hay empresas privadas interesadas en llevarse esta parte de la tarta presupuestaria. Si la intención es aliarse con esas empresas, que lo aclaren. Les advertimos que una privatización de la intermediación laboral equivaldría a romper con el derecho de los desempleados a la igualdad y objetividad en los procesos de selección".

El segundo temor que mantiene el PSOE es que esos fondos pendientes de recibir no se vayan a destinar a implementar las políticas de empleo activo, "sino que Bernal, con la complicidad de la Consejería, les haya echado el ojo para incluirlos en la cesta del próximo recorte presupuestario. Sería inconcebible que, siendo la prioridad el empleo, el Gobierno regional volviera a dar otra dentellada al Presupuesto destinado a estos fines".

Para Francisco J. Oñate caben otras conjeturas, pero prefirió no desvelarlas de momento. "Solo insistimos en que el consejero debe reaccionar y ordenar la readmisión de los trabajadores despedidos. Posiblemente, es la única medida sensata para que pueda mantener unos mínimos de credibilidad sobre los compromisos públicos que viene expresando".

Oñate agregó que la actitud del consejero en este momento tiene un doble valor: por un lado, "el nominal por el puesto que desempeña; y, por otro, el mensaje que transmitiría al resto del Gobierno sobre cuáles son las intenciones de su, casi seguro, próximo presidente. Esperamos una respuesta que corrija las mentiras que hasta ahora se han dicho", concluyó.