IU-Verdes presentará en la Asamblea regional de Murcia una solicitud de comparecencia del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, para que explique en qué situación se encuentran los convenios urbanísticos suscritos por los ayuntamientos de la Región.

Así lo ha anunciado hoy el coordinador y diputado de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los portavoces de esa formación en el Ayuntamiento de Lorca, José García Murcia, y Puerto Lumbreras, Víctor Romera.

Pujante ha indicado que en los años que antecedieron al estallido de la burbuja inmobiliaria la mayoría de los ayuntamientos de la Región, algunos gobernados por el PSOE y otros por el PP, firmaron convenios urbanísticos que contenían "proyecciones disparatadas" de viviendas.

Esto, explica el dirigente de IU-Verdes, ha derivado en un conjunto de sentencias desfavorables para los consistorios que implican "severas repercusiones", fruto, en su opinión, de haber abusado de la figura del convenio urbanístico cuando la normativa lo establece como excepcional.

Sobre este asunto, ha explicado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha emitido varias sentencias para que el Ayuntamiento de Lorca devuelva el dinero a varios promotores con el que firmó un convenio que después no se puso en marcha.

Ha señalado que esto es culpa de las administraciones regional y municipal, porque dilataron la realización de los trámites referentes a las cláusulas del convenio, una dilación de la que se puede deducir que existe un acuerdo entre la Administración y el promotor para retrasar el proceso.

Por ello, Pujante ha pedido al fiscal, Manuel López Bernal, con el que se ha reunido esta mañana, que amplíe la investigación de 17 convenios de Lorca al resto, en total cerca de 60, y averigüe qué ha pasado con el dinero que inicialmente aportaron los promotores.

También ha pedido a la Fiscalía que investigue por qué la mayoría de los convenios urbanísticos que se impulsaron en la Región no cuentan con un informe sobre el equilibrio de las contraprestaciones y sobre el dinero que se gastarían los consistorios en los sectores urbanizables consecuencias de llevas los infraestructuras y servicios a esas zonas.

En cuanto a Puerto Lumbreras, el coordinador de IU-Verdes ha señalado que el TSJ ha emitidos dos sentencias desfavorables, una de ellas anulando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de lo que ha responsabilizado al anterior alcalde y ahora consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez.

Según Pujante, la anulación del PGOU se debe a que no cuenta con el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), donde se garantice que existe disponibilidad de recursos hídricos para llevar a cabo las construcciones previstas en un convenio.

Así, ha añadido que la CHS se pronunció en contra del Plan General, y el Ayuntamiento, para sortear la negativa de este organismo, recurrió a la Entidad Pública del Agua, que era la encargada de gestionar la desaladora de Escombreras.

Según Pujante, esta desaladora, por la que ahora la Comunidad Autónoma debe 600 millones de euros a la constructora, ACS, se realizó para dar cabida a las demandas de los ayuntamientos, que pedían agua para los nuevos proyectos urbanísticos.

La otra sentencia que afecta a Puerto Lumbreras confirma la anulación de un convenio y la exigencia al Ayuntamiento para que devuelva al promotor cerca de 100.000 euros, que se suman a otros 180.000 euros de un aval, al incumplir las cláusulas.

El coordinador de IU-Verdes ha insistido en que su formación siempre ha mantenido una posición histórica contra los convenios, frente a otras fuerzas políticas que "nos han acusado de querer volver a la caverna y al candil y ahora, se apunta al carro contrario a los convenios".