El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa y Evaluación de los servicios públicos, cuyo objetivo es impulsar en la Administración regional un conjunto de actuaciones dinamizadoras de los sectores sociales y económicos que permitan la creación de riqueza y empleo en la Región.
El texto incluye medidas de impulso al crecimiento económico mediante la Administración electrónica, la simplificación administrativa, la regulación de los proyectos de interés estratégico de la Comunidad y la evaluación de los servicios públicos.
El Gobierno regional estima que, con su puesta en marcha, las empresas y ciudadanos podrán ahorrar anualmente 88 millones de euros, ya que actualmente el coste de las cargas burocráticas supera los 111,5 millones. A esto se sumarían los costes de tiempo de tramitación para la Administración, que pasaría de los actuales 168 millones a 38 millones de euros, dado que el tiempo medio para la gestión de un expediente se reduciría un 60 por ciento.
El Proyecto de Ley recoge el compromiso del Gobierno regional de hacer extensivo el proceso de simplificación a la totalidad de la actuación administrativa, es decir, tanto a los procedimientos externos como a los internos. Además, se introduce como preceptiva la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, por el que se impedirá la incorporación de nuevas cargas para los ciudadanos en las normas de nueva creación.
Asimismo, se regula y extiende la Plataforma de interoperabilidad, que recogerá toda la documentación e información generada por la Administración General del Estado, la Administración regional y, progresivamente, por las administraciones locales, para que empresas y ciudadanos no tengan que presentar dichos documentos.
El texto prevé la creación de una Única Unidad Administrativa de Registro en la que se sustanciarán todas las solicitudes y trámites preceptivos.
También contempla la implantación progresiva de la Solicitud Electrónica Genérica, que facilitará a empresas y ciudadanos tramitar las solicitudes desde su casa o centro de trabajo, durante las 24 horas y todos los días del año. Esto reducirá los costes de tiempo y evitará desplazamientos, lo que se traducirá en un aumento de la competitividad del tejido económico, además de comportar importantes ahorros en la tramitación a la propia Administración.
El Proyecto de Ley mejora, igualmente, la normativa legal existente en cuanto a los denominados Proyectos de Interés Estratégico de la Comunidad, al reducir los plazos ordinarios de tramitación administrativa y regular los requisitos y criterios para obtener dicha declaración. La iniciativa para promoverlos podrá partir de la Administración pública, de cualquier Entidad Pública o, también, de una persona física o jurídica privada.
Finalmente, el Proyecto de Ley introduce la figura de la autoevaluación de los órganos administrativos, tanto de las políticas públicas como de la calidad de los servicios desarrollados por la Administración regional. Éste es un modelo basado en la evaluación de las políticas públicas, la orientación a resultados y la gestión de la excelencia o calidad total, que facilitará información real para la toma de decisiones, lo que aumentará la transparencia en la gestión administrativa.