El Ejecutivo murciano valora especialmente el hecho de que se trata de una modificación que ha contado con el respaldo unánime de todos los grupos con representación en la Asamblea Regional, con el apoyo mayoritario del Congreso y con el respaldo del cien por cien de los votos en su última tramitación en el Senado.

Esta reforma dota al Ejecutivo regional de la capacidad legal de desarrollar decretos leyes, que son normas con rango de Ley que emanan del Gobierno y que han de ser necesariamente sometidas al poder legislativo, es decir, al control del Parlamento regional, que puede ratificarlos, derogarlos o modificarlos.

Se trata de una herramienta político-jurídica de la que ya dispone la mayoría de comunidades autónomas y que permite reaccionar con mayor agilidad y eficacia en casos urgentes o de máxima necesidad, como los terremotos de Lorca o las inundaciones de septiembre del año pasado.

El Gobierno murciano considera que la entrada en vigor de la reforma permitirá ampliar las cotas de autonomía en la Región al dotarla de un nuevo instrumento legal al servicio de los ciudadanos.

Esta es la cuarta modificación del Estatuto de Autonomía desde su aprobación en 1982. Las anteriores tuvieron lugar en 1991, 1994 y 1998.