IU-Verdes ha presentado una moción en la Asamblea Regional de Murcia para que los empleados públicos perciban la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que devengaron hasta la entrada en vigor del decreto del Gobierno central que suprimía esta paga.
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el diputado y coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, quien ha explicado que el Ejecutivo de la Nación aplicó el decreto con carácter retroactivo, algo que la Constitución prohíbe en normas que son limitativas o restrictivas de derechos.
Pujante ha recordado que la parte devengada por los empleados públicos es de 45 días, desde el 1 de junio hasta el 15 de julio, fecha en el que entró en vigor el mencionado decreto, que afecta tanto a trabajadores de la Administración central como de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
"Tenemos un gobierno mentiroso, tramposo y adicto a la ilegalidad", ha sostenido, tras añadir que su formación presentará esta iniciativa en los ayuntamientos de la Región y promoverá una campaña para animar a los empleados a que reclamen el pago del devengo, puesto que es su derecho.
Proyecto de ley regional para eliminar la extra de junio de 2014
El dirigente de la federación de izquierdas ha señalado que el proyecto de ley del Ejecutivo regional para la regulación del devengo de la paga extra correspondiente a junio de 2014 de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma es el "reconocimiento explícito del error que se cometió por parte de todas las administraciones públicas por la aplicación retroactiva del Gobierno central".
A su juicio, el hecho de que la aprobación del citado proyecto se lleve a cabo antes del 1 de diciembre -fecha en la que los trabajadores comienzan a adquirir los derechos para cobrar la extra de junio- se debe a que el Gobierno autonómico quiere evitar que se tengan que pagar los días devengados, "ante una más que probable reclamación en masa de los empleados públicos".
Además, Pujante ha criticado el proyecto porque la supresión de la extra de junio conllevará una reducción de la demanda y, por tanto, un perjuicio para la economía regional, así como un "agravio comparativo" respecto a los trabajadores públicos del Estados, los ayuntamientos y otras comunidades como Valencia, que sí lo cobraran.