La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique denuncia que el Gobierno de Rajoy, "bajo la coartada de la crisis, está desmantelando, vía Decreto, nuestra Sistema Nacional de Salud, tal y como lo conocíamos hasta ahora".

El Real Decreto 16/2012 acabó con la universalidad del Sistema. Retrocedemos más de 30 años, volviendo al sistema de aseguramiento y beneficencia, desandando todo el camino recorrido en los años de Democracia.

Con dicho Decreto "se cambia el actual Modelo de Sanidad del que disfrutamos los ciudadanos de este país, desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986"; una Ley que recoge el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos que residen en el territorio nacional, con carácter gratuito y equitativo de las prestaciones.

Rosique criticó que "a partir de ahora ya no tenemos reconocido el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria por el hecho de ser ciudadanos; sólo se tendrá si eres asegurado o si, siendo español o inmigrante con permiso de residencia, demuestras que careces de recursos".

Este Real Decreto excluye, en concreto, de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, sólo se mantiene para las situaciones de urgencias, embarazo, parto o postparto y menores de 18 años. Esta medida supone, en opinión de la diputada, "un ahorro poco relevante en lo económico para la Región de Murcia. Sin embargo, tendrá un coste enorme en salud y solidaridad, porque, si se aplica esta norma, dejarán de ser atendidos pacientes en tratamiento de cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas".

Teresa Rosique reprochó que "la Consejería de Sanidad, fiel a su papel de seguidismo de los brutales recortes que en materia sanitaria aprueba el Gobierno de España", acaba de publicar en el BORM una resolución que tiene por objeto establecer el procedimiento para poder acceder vía convenio a las prestaciones sanitarias a todas aquellas personas que no tengan la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.

En dicho convenio se establece la obligación del pago de una cuota mensual de 60 euros para los menores de 65 años y de 157 euros para los que tienen 65 o más años y afecta a todos aquellos a los que se les ha retirado el derecho a las prestaciones sanitarias y quieran poder acceder a ellas.

Rosique señaló que esta actuación de la Consejería de Sanidad contrasta con lo que han hecho otras autonomías como Andalucía, Asturias o Canarias, que se han negado a cobrar las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin papeles; o como Cataluña y País Vasco que han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación del carácter de universalidad por parte del Gobierno de Rajoy.

"Desde el PSOE nos causa vergüenza ver cómo la consejera de Sanidad asume sin rechistar las injustas medidas que el Gobierno de España impone a las personas enfermas, ya sea cobrando a determinados sectores de la población para poder acceder a las prestaciones sanitarias, como pretenden ahora, o aplicando copagos de todo tipo a los enfermos de nuestra Comunidad Autónoma.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional pidiendo a la Consejería de Sanidad que imite a otras comunidades autónomas y mantenga el carácter universal y gratuito de la sanidad pública regional.