El diputado nacional del PP por Murcia en el Congreso, Teodoro García, ha defendido hoy la necesidad del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, cuyo objetivo es "conseguir una seguridad integral, más completa, para lo cual desregulariza elementos accesorios, permite la modernización de la gestión y da forma legal, en definitiva, a elementos que la sociedad ya ha incorporado con naturalidad a su concepto de seguridad".
García ha explicado que la actual Ley 23/1992 es "una buena ley que ha permitido el crecimiento ordenado del sector de la seguridad privada, que en la actualidad tiene gran importancia: más de 85.000 personas empleadas, de las cuales 3.000 están en la Región de Murcia; 1.500 empresas o una facturación anual de más de 3.200 millones de euros son puntos a tener muy en cuenta".
"Es, por tanto, un sector que merece especial atención en este momento de recuperación económica en el que debemos volcarnos en apoyar a nuestras empresas, las verdaderas generadoras de empleo", ha añadido.
El diputado 'popular' ha justificado esta nueva Ley de Seguridad Privada en la necesidad de "corregir y abordar problemas que se han detectado durante los veinte años que la actual normativa ha estado en vigor", así como de "adaptar nuestra legislación a la directiva de la UE sobre el libre acceso a las actividades de seguridad, un aspecto que la actual normativa no aborda en su redacción inicial".
Por ello, ha subrayado que con este Proyecto de Ley se busca "la evolución en el concepto de la seguridad, desde un marco donde la seguridad privada y la pública se consideraban compartimentos cuasi estancos, con difícil relación entre ellos más allá de la mera insubordinación, hasta un concepto de seguridad integral".
"Ésa es la verdadera noticia de esta Ley", ha recordado García, "es decir, que sin renunciar al monopolio del poder público del Estado sobre la Seguridad, se reconoce la conveniencia y la necesidad de estimular la cooperación público-privada en este ámbito, impulsando las capacidades ciudadanas de crear o utilizar servicios de seguridad y reforzando así el sentido global, integral del mismo".
ABORDA LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL SECTOR
Por otra parte, Teodoro García ha afirmado que la Ley, "no solo abre un nuevo escenario de futuro, sino que aborda los problemas de hoy", como es la nueva regulación de la investigación privada, en la que se incluyen aspectos como "la delimitación de su campo de actuación y el requisito fundamental de la acreditación de un interés legítimo para poder actuar, con la obligación de hacer un informe por cada servicio contratado, al que solo pueden tener acceso autoridades judiciales".
Otra de las novedades que incorpora el Proyecto de Ley es "la apertura del campo de actuación de las empresas; la liberalización de actividades que dejan de estar en el ámbito regulado por esta Ley; el hecho de que aligeran la carga administrativa; o la mejor y más actual delimitación de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado".
García ha recordado que la Ley "no pretende privatizar servicio público alguno, ni eliminar o reducir función pública alguna, y ningún puesto reservado a funcionarios públicos se va a sustituir, lo único que se pretende es potenciar la colaboración que se ofrece con los servicios de seguridad privada".
Finalmente, ha destacado que esta Ley ha sido "muy trabajada por el Ministerio y con el sector y multitud de organismos e instituciones", por lo que se trata de un "proyecto nacido con un alto grado de consenso y que es oportuno para un sector consolidado y maduro, con un gran potencial de crecimiento nacional e internacional, y que necesita de una renovación normativa que lo impulse".