El portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, informó hoy sobre la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

En la resolución del TC se acuerda dar traslado de la demanda y los documentos presentados a la presidencia del Congreso de los Diputados y del Senado, así como al Gobierno de la nación para que, si lo desean, presenten las alegaciones que consideren oportunas.

José Ballesta explicó que con este trámite se da cumplimiento "a tres compromisos del Gobierno de la Región: con las familias y empresas que decidieron invertir en energías renovables y que han visto modificadas las condiciones legales en las cuales realizaron esta inversión; con las empresas y trabajadores de la Región del ámbito de las energías renovables que realizaron un importante esfuerzo humano y tecnológico para convertirse en vanguardia a nivel nacional en este tipo de actividades; y con el medio ambiente, con las energías limpias, la reducción de emisiones de CO2".

El portavoz del Ejecutivo señaló que "el Gobierno murciano tomó esta decisión con el fin de defender los intereses de los miles de inversores a los que afectará esta nueva regulación y considerar que de seguir adelante podrá tener graves repercusiones económicas para la Región".

Para la interposición del recurso se contó con las aportaciones realizadas por las asociaciones de productores de energías renovables, con quienes el Ejecutivo regional mantiene permanente contacto, ya que considera este sector como estratégico para los intereses económicos de la Comunidad.

El portavoz señaló que "desde el Gobierno de la Región de Murcia nos opusimos a los recortes en esta materia que realizó el anterior Gobierno de España y nos oponemos también a la normativa dictada por el actual, porque nuestra única motivación es defender a esta región y los intereses de los murcianos"

Fundamentos del recurso

Se considera que la nueva normativa del sector eléctrico modifica sustancialmente el régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. Además, incide en el hecho de que la normativa que regula las instalaciones de producción eléctrica mediante fuentes renovables ha sido alterada con carácter retroactivo, lo que ha afectado gravemente a la seguridad jurídica y las legítimas expectativas de los inversores.

El recurso también denuncia la vulneración del principio de igualdad, pues esta norma discrimina negativamente a la producción eléctrica mediante renovables en relación con el resto del sistema de producción de energía eléctrica.

Asimismo, se consideran quebrantados otros principios constitucionales como el de irretroactividad, pues se prevé la posibilidad de que resulte la obligación de devolver cantidades percibidas por los inversores desde el punto de vista contable, al extenderse los efectos de esta nueva norma "a lo largo de la vida regulatoria de las instalaciones".

La normativa nacional también habría vulnerado el principio de sometimiento del poder público al ordenamiento jurídico y el de legalidad, ya que, con la aprobación de esta norma, el Estado español estaría vulnerando diversos acuerdos internacionales, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, en el que se establece que los países que lo integran "fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores (extranjeros) realicen inversiones en su territorio".