La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, de IU, ha hecho hoy un llamamiento al Gobierno de la Región de Murcia para que "ataque de una manera real" el fenómeno de las viviendas deshabitadas y los procesos de "desahucio masivo".

Cortés, que ha hecho estas declaraciones en el auditorio Murcia Parque en el marco de la novena fiesta del Partido Comunista de la Región de Murcia (PCRM), ha indicado que "no es posible que haya viviendas desocupadas cuando hay gente que necesita una vivienda".

Ha explicado que la lucha contra los desahucios y las viviendas deshabitadas es "un objetivo innegociable" desde que IU forma parte del Gobierno de Andalucía.

"Estamos en contra de los desahucios porque son desahucios de clase y género, ya que fundamentalmente son las clases populares las que se ven abocadas, fruto de esta estafa hipotecaria, a un empobrecimiento masivo y a la pérdida de su vivienda por unas leyes injustas que ha conservado el bipartidismo, PP y PSOE".

Ha destacado también la importancia de la función social de la vivienda, porque "hay que cumplir con la Constitución, y no hay nada más antisocial que las viviendas desocupadas que forman parte del segundo proceso de la especulación urbanística".

Este proceso, ha añadido la consejera, "tiene que ver con la compra por parte de los fondos buitres y los fondos de inversión extranjeros de las viviendas deshabitadas".

Para Cortés, el objetivo de IU era "formar parte del conflicto desde el Gobierno", y "romper con la neutralidad de la que hasta ahora habían hecho gala anteriores gobiernos de Andalucía".

Ha señalado que el decreto andaluz sobre la Función Social de la Vivienda se transformó en ley la pasada semana, incluyendo la ampliación de los casos de expropiación temporal del uso a personas a las que se está ejecutando su vivienda, avalistas, autónomos y afectados por hipotecas puente.

Ha explicado que la ley plantea una sanción de hasta 9.000 euros a aquellas personas jurídicas, bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión de activos que mantengan viviendas deshabitadas.

Además, la norma obliga a los bancos a que informen de si tienen Viviendas de Protección Oficial (VPO) deshabitadas y a ponerlas a disposición del registro de demandantes municipales de viviendas, y en caso de no hacerlo la sanción es de hasta 250.000 euros.

La titular de Vivienda del Gobierno andaluz ha explicado que se le ha instado al Gobierno central a resolver las discrepancias en torno a esta ley en la comisión bilateral, un organismo recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la ley del Tribunal Constitucional.

"Si el Gobierno del PP no lo hiciera y planteara ideológicamente ir en contra de la ley, estaría declarando a Andalucía un estado de excepción porque no respeta las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico", ha concluido.