Juventudes Socialistas de la Región de Murcia (JSRM) se lamenta de la situación abusiva en la que se encuentran miles de personas en nuestro país, en su mayor parte mujeres, y reclama al Gobierno del PP una legislación que las proteja y sancione a sus practicantes

La organización juvenil socialista ha puesto en marcha, con motivo del Día Internacional contra la prostitución, la Trata y el Tráfico de personas con fines de explotación sexual, la campaña #NoaLaTrata con la que quiere denunciar los abusos que sufren más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país, y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de actuar contra esta forma moderna de esclavitud en pleno siglo XXI, que constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos.

La Secretaria General de JSRM, Inma Sánchez Roca, ha afirmado que "Miles de mujeres son objeto de trata en nuestro país. Mujeres que son explotadas y humilladas y que son obligadas a prostituirse. Es necesario luchar contra esta forma de violencia de género que se acusa en gran parte en la población inmigrante aumentando más aun la brecha intercultural en la sociedad española".

En opinión de JSRM "vemos como los avances que se llevaron a cabo durante los gobiernos socialistas en temas de lucha contra la trata se están perdiendo. El Estado no cumple con sus obligaciones de implementar todos los mecanismos de protección internacional para las víctimas de trata a los que está obligado."

"Información y denuncia para concienciar – ha añadido Sánchez Roca – para que nadie pueda alegar desconocimiento, y para que entre todos consigamos que la trata de personas deje de ser un negocio tan lucrativo", "debemos hacer todo lo posible para acabar con todas las formas que banalizan y normalizan el comercio sexual, incluida la publicidad en la prensa generalista".

"Exigimos al gobierno de Mariano Rajoy que priorice la aprobación de una ley integral contra la trata que incluya todos los fines de explotación y que se realice desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de menores -concluye Inma Sánchez Roca- y que se tenga en cuenta, además, las posibles necesidades de protección internacional de algunas víctimas."