El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado su temor de que la reforma de la ley electoral quede relegada, "una vez más", dentro de las reformas estatutarias que se están tramitando en la Asamblea Regional. Sánchez considera que sería "incomprensible e irresponsable" que no se diese prioridad a una reforma que, junto a una ley de transparencia, es "imprescindible" para la regeneración democrática en la Región.

En este sentido, ha señalado que los tres grupos de la Asamblea Regional, deberían priorizar esta reforma, "para nosotros más importante que la reforma del propio Estatuto en su conjunto". Sin embargo ha mostrado su escepticismo sobre las posibilidades reales de que se lleve a cabo la reforma electoral y de que esté en vigor para las elecciones autonómicas de 2015, "dado que cinco meses después de la constitución de la comisión, apenas se ha avanzado, sólo se ha celebrado una reunión y no existe un calendario de trabajo".

"La desafección hacia las instituciones, el acercamiento a la Asamblea Regional y el desencanto general hacia la política por parte de los ciudadanos, no se van a solucionar, por ejemplo, con debates sobre si debemos tener o no un himno en la Región y que, en cambio, no se haga todo lo necesario para que la nueva ley electoral salga adelante", ha subrayado Rafael Sánchez. Así, ha insistido en que se trata, casi exclusivamente, de una cuestión de voluntad política que recae, en gran medida, en el PP.

Para el coordinador regional de UPyD, los ciudadanos "no van a entender" que después del debate que se suscitó en 2011, en el que en la propia sesión de investidura de Valcárcel hubo pronunciamientos por parte de los tres grupos presentes en la Asamblea sobre la necesidad y urgencia de reformar la ley electoral, "se deje pasar otra legislatura sin dar respuesta a esa demanda de acercamiento y de regeneración democrática".

Para finalizar, ha recordado que UPyD defiende para la reforma de la ley electoral la inclusión de listas desbloqueadas, además de una circunscripción única para toda la Comunidad Autónoma y que se rebaje al tres por ciento el porcentaje mínimo para poder acceder a escaño.