Y afirma que "no nos podemos resignar a ver "con normalidad" el desfile ante la Justicia de los que nos gobiernan"

Rafael Sánchez recuerda que UPyD también censuró la presencia en el Gobierno regional del nuevo consejero de Educación por su condición de imputado, y afirma que "no nos podemos resignar a ver "con normalidad" el desfile ante la Justicia de los que nos gobiernan"

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha reiterado la petición de dimisión del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, por su imputación en el caso Novo Cartago, tras su declaración hoy ante el Tribunal Superior de Justicia. UPyD ya solicitó la dimisión de Cerdá el pasado 1 de agosto, tras conocerse la imputación del consejero.

Sánchez ha querido distinguir las responsabilidades judiciales de las políticas, y sin cuestionar la presunción de inocencia, ha expresado su opinión sobre la petición de dimisión de Cerdá "porque el Ejecutivo que nos gobierna a todos los murcianos no se puede permitir, por el ejemplo que debe dar y por la confianza que debe generar hacia los ciudadanos, contar con dos consejeros imputados". "No nos podemos resignar a ver "con normalidad" el desfile ante la Justicia de alguien que forma parte del Gobierno regional", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que UPyD también censuró la presencia en el Gobierno regional del nuevo consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por su condición de imputado.

Rafael Sánchez cree que el hecho de que el TSJ tomase la decisión de imputar a Cerdá, apunta a que debe haber "consistencia" en las cuestiones que se le imputan al consejero para que se haya dado ese paso. Del mismo modo, ha señalado que la prevaricación y el tráfico de influencias son delitos de envergadura, no son "pequeñas cosas", máxime si hablamos de un consejero del Gobierno regional.

Para el coordinador de UPyD es imprescindible que las instituciones, empezando por las que nos gobiernan, cumplan con su obligación ética de ser un ejemplo en el que se puedan mirar todos los ciudadanos. "Si se minusvaloran o se desprecian estas graves circunstancias, como es una imputación, sólo se estará contribuyendo a incrementar la crisis de confianza en las instituciones que está asolando la confianza de los ciudadanos en el propio sistema", ha concluido.