IU-Verdes ha solicitado la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Obras Públicas y Ordenación de Territorio, Antonio Sevilla, para que explique los motivos por los que "pretende hacer más laxa y desregulada" la Ley Regional del Suelo.

Así lo ha anunciado hoy el coordinador y diputado regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, quien se ha mostrado contrario a la reforma propuesta por Sevilla y ha indicado que la pretensión del Gobierno Regional es "ir más allá" de ordenamiento jurídico estatal.

Pujante ha sostenido que la reforma anunciada por el Ejecutivo autonómico tiene intención de "suprimir las rigideces y, en definitiva, hacerla más laxa, cuando precisamente la desregulación que ha habido es consecuencia de la Ley del Suelo aprobada por el Gobierno de Aznar en 1996".

"La famosa liberalización del suelo - consecuencia de esta última norma - es la causa de la crisis más intensa que está padeciendo el país y de ella derivan la crisis financiera e inmobiliaria", ha asegurado.

A su juicio, es una "paradoja" que si fruto de la ley del Suelo se ha producido una "desregulación total y absoluta" marcada por la especulación, el 'saqueo' a las arcas públicas, imputaciones y 'pelotazos' urbanísticos, ahora el Gobierno Regional pretenda que tenga "menos control".

Ha considerado "sorprendente" que Sevilla asegure que el nuevo texto primará la actividad económica y el empleo, "como si el ordenamiento urbanístico tuviese como finalidad esto" y no lo que es porque, en opinión de Pujante, la pretensión fundamental del ordenamiento es construir ciudades "más racionales".

"Lo que hay que hacer es un ordenamiento urbanístico al servicio de los ciudadanos y no al de los negociantes, los especuladores, de los que nos han robado la cartera; lo que hace falta es un ordenamiento en el que se primen los equipamientos públicos, los centros escolares y sanitarios y los espacios verdes".

Para Pujante, el modelo económico regional del PP "ha fracasado de forma estrepitosa" y ahora "los piratas que especularon están pidiendo cuentas a muchos Ayuntamientos" por los convenios urbanísticos de la ley vigente, un instrumento contemplado en la noma como excepcional que el PP convirtió en un instrumento de propuesta de desarrollo urbanístico.