Un actor, director y escritor estadounidense dijo una vez que le interesaba el futuro porque era el sitio donde iba a pasar el resto de su vida. Viéndolo así, esta afirmación, se convierte en premisa indispensable para aquellos cuya obligación como políticos y responsables de una administración pública que sirve a sus ciudadanos, nos incentiva a gestionar lo mejor posible y mirando siempre al futuro.
Habiendo hecho esta reflexión y tras la aprobación hace unas semanas del proyecto de Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración, vemos como el Gobierno de la Nación continúa con su labor de crear futuro. Los objetivos de esta ley, bajo el lema de "una Administración, una competencia" , tiene como pilares fundamentales acabar con las competencias impropias de los Ayuntamientos, al regular por primera vez y de forma precisa, sus competencias propias, eliminando aquellas que de manera ineficiente han generado duplicidad con otras Administraciones, dando como resultado el aumento del gasto público municipal en 13.223 millones de euros.
A partir de ahora se permitirá a los Ayuntamientos ejercer aquellas competencias que por ley están obligados a prestar como servicios obligatorios a los ciudadanos limitándolos exclusivamente a temas de interés local ya sea en materia de vivienda, turismo, servicios sociales relacionadas con la necesidad social o atención inmediata por exclusión social, sanidad relativa a la salubridad pública o relacionada con servicios funerarios y educación en cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación para la construcción de nuevos centros docentes. Esta precisión en la prestación de servicios, reordena las actividades del sector público y racionaliza la oferta de servicios, logrando a largo plazo poder garantizar la prestación de todos esos servicios obligatorios, y una vez que sea sostenible financieramente y no se dupliquen con otra administración, se podrán prestar otros servicios no obligatorios, siempre y cuando su financiación esté garantizada.
El proyecto de Ley también racionaliza la estructura de la Administración Local, siguiendo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia marcado como camino a seguir por el gobierno de Rajoy. Se potencia la coordinación de la prestación de servicios a través de fórmulas de gestión compartida a través de las diputaciones provinciales, mancomunidades u otras fórmulas, así como las fusiones municipales voluntarias de municipios que sean colindantes para la prestación de dichos servicios.
Esta Ley, en aras de garantizar la transparencia y el rigor en la gestión pública local, reduce y ordena sueldos de los cargos públicos, se fijan límites en los cargos representativos locales con dedicación exclusiva y limita el número de personal eventual en función de criterios poblacionales o de retribuciones. Asimismo, serán los funcionarios de carrera los que desempeñen los puestos de coordinadores generales, consagrando así, la profesionalización de los empleados públicos locales para una mayor seguridad del sector público local.
Sin embargo, lo más importante de esta Ley y lo que la hace necesaria, pese al pesimismo que trata de propagar la oposición como tantas otras veces, es que la reforma prevé un escenario de ahorro de 8.000 millones de euros para el periodo 2013-2019, con la finalidad de dar cumplimiento a la estabilidad presupuestaria e introduciendo medidas liberalizadoras que favorezcan la actividad económica local tan necesaria en estos días ante la demanda de una sociedad que en momentos tan difíciles exigen que sus gobernantes, al igual que hacen los ciudadanos, no gasten más de lo que se puede y se puedan garantizar la prestación de servicios públicos y su sostenimiento de cara al futuro que es, en definitiva, donde cada uno de nosotros, va a pasar el resto de su vida.
Alicia Jiménez, Diputada Regional y Secretaria Ejecutiva de Foros del Partido Popular de la Región de Murcia.