La responsable de Política Social de IU-Verdes en la Región, Adoración Peñas, ha acusado hoy al PP de firmar el "certificado de defunción" de la ley de Dependencia y "exterminar" el "frágil" sistema de protección social con "nuevos recortes" que desprotegen a la población más vulnerable.
Peñas ha indicado que la proposición de ley del PP sobre Medidas en Materia Tributaria, de Sector Público, de Política Social y otras Medidas Administrativas, aprobada ayer en la Asamblea Regional, es una "estafa" a miles de dependientes y abre "una importante brecha de desigualdad y pobreza".
"Esta proposición elimina unos derechos adquiridos por ley en nombre de una austeridad que solo se impone para los más desfavorecidos, y constituye un ataque de tantos que va a provocar la eliminación de la ley de Dependencia", ha asegurado.
Entre las consecuencias de la aprobación de esa proposición, Peñas ha citado la eliminación de la responsabilidad de la Administración en cuanto a plazos de resolución, la "fiscalización" de los cuidadores y la privatización de servicios, y la Administración Regional podrá incumplir el plazo legal "sin que tenga consecuencias". Además, no se reconocen los atrasos en la concesión de ayudas, se elimina el plazo para resolver las solicitudes y se permite al Gobierno cerrar progresivamente plazas públicas para dependientes sin dar una explicación a los afectados.
Ha explicado que la proposición tampoco recompensa la autonomía, "sino la reclusión en el domicilio", y prioriza la concesión de servicios sobre la prestación económica, a pesar de que no todos los casos son iguales ni todos los dependientes tienen las mismas necesidades.
Peñas ha señalado que a estos perjuicios se suma que los dependientes que viven en residencias públicas tienen que destinar el 90 por ciento de su pensión al pago de su plaza, con lo que con el 10 por ciento restante -como máximo 106 euros- tienen que hacer frente al copago farmacéutico, necesidades básicas como vestido o calzado y prótesis ortopédicas en caso de necesitarlas.
Si la pensión es inferior al precio establecido por la plaza el residente entra en deuda con la Administración y, en caso de no poder pagarlo, serán sus herederos quienes tengan que hacer frente, ha sostenido Peñas.
Asimismo, ha expresado su deseo de que la denuncia presentada por el colegio de Trabajadores Sociales ante la Fiscalía para denunciar irregularidades cometidas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) tenga un "resultado positivo", y ha recordado que un informe del Defensor del Pueblo advirtió que la consejería de Sanidad podría haber incurrido en un "fraude de ley" al aplicar con carácter retroactivo la suspensión durante 24 meses del acceso a las prestaciones económicas por dependencia.