Multitudinaria concentración en los juzgados de Cartagena, Murcia, Totana, Lorca, y el resto de los centros judiciales de la región

En la mañana de hoy miércoles los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia se han manifestado en concentración ante la puerta de los centros de trabajo de toda la Comunidad Autónoma de Murcia. En concreto en Cartagena con la adhesión y apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena y de D. Jacinto Areste Sancho, Magistrado-Juez Decano de Cartagena.

El Ministro Gallardón, al igual que el resto del gabinete del Sr. Rajoy, ha emprendido una serie de reformas legislativas que tienen por objeto la privatización de la Justicia.

Empezó con las tasas judiciales, dejando fuera del sistema judicial a todas aquellas personas con menos recursos económicos, propiciando que la Justicia sólo sea accesible a las grandes empresas y a aquellos con una capacidad económica elevada, generando así una Justicia para ricos y otra para pobres.

No contento con estas medidas, quiere llevar al congreso otra batería de reformas para eliminar los Registros Civiles y que sean los Registradores de la Propiedad y Notarios los que, a costa del bolsillo de la ciudadanía, se encarguen de realizar las inscripciones y certificaciones.

De igual modo, los actos de comunicación (notificaciones, citaciones, requerimientos, embargos), pretende que sean los Procuradores de los Tribunales (profesionales privados) los que los realicen, y de nuevo, a costa del bolsillo de todo aquel que tenga que poner un pleito en los juzgados.

También quiere el Ministro que otros procedimientos judiciales sean tramitados por Notarios (actos de Jurisdicción Voluntaria)…

Pretende el Ministro reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta Judicial, eliminando los Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz, alejando así la Justicia de los ciudadanos, creando los "Tribunales de Instancia" con jurisdicción en toda la provincia, pero con Sede en la Capital.

Así, Cartagena, Lorca, Totana, Cieza, Yecla, Jumilla, Caravaca, Mula y San Javier se quedarán sin sus Juzgados, obligando a los ciudadanos a desplazarse a la capital.

Todas estas reformas no pretenden otra cosa que el desmantelamiento injustificado del servicio público de la administración de Justicia y favorecer el afán privatizador de los servicios públicos del Gobierno, al igual que está ocurriendo con la Sanidad y la Educación.

Para CCOO, las medidas de Gallardón ocultan además la realización por parte del ministerio de Justicia de un plan de reordenación de recursos humanos que puede provocar el despido masivo de personal interino (unos 12.000 en la actualidad), y la movilidad geográfica forzosa de miles de funcionarios que trabajan en los registros civiles, en las sedes de los partidos judiciales y juzgados de paz que se pretenden suprimir o en los centros que han disminuido su volumen de trabajo por culpa de la ley de tasas y del resto de recortes propuestos.