La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique advirtió que el documento enviado a Bruselas por Mariano Rajoy supone "un golpe mortal a la Ley de Dependencia, algo que ha desatado la alarma entre los profesionales de la dependencia, los dependientes y sus familias". Por ello, anunció que presentará una moción en la Asamblea en la que exigirá al Gobierno de Valcárcel que "muestre su rotundo rechazo a esta decisión y defienda los intereses de los ciudadanos".
En el documento remitido por Rajoy a Bruselas, comunica los nuevos recortes que el Gobierno de España va a aplicar este año y el próximo 2014, que se sumarán a los ya realizados en 2012. "Unos recortes y medidas que dejan sin financiación estatal para su aplicación a esta Ley y, por tanto, la convierte en inviable".
La diputada socialista agregó que con las medidas aplicadas en 2012 por el Gobierno de Rajoy, el gasto en dependencia se redujo en 599 millones de euros, estimándose una reducción adicional de 1.108 millones en 2013 y de 571 millones de euros adicionales en 2014.
"El hachazo de 1.108 millones de euros previsto para 2013, equivale a lo que ha presupuestado el Gobierno del PP para atender a los dependientes durante este año, con una consignación de 1.087 millones de euros".
Rosique denunció que a esta desaparición de financiación estatal, hay que sumar otro problema añadido para las comunidades autónomas, y es la medida que pretende priorizar los servicios profesionales sobre las prestaciones familiares. Teniendo en cuenta que esas prestaciones son más caras que las ayudas económicas en el entorno familiar, y que en nuestra Comunidad autónoma no existen los recursos para dar respuesta a los más de 40.000 dependientes con derecho reconocido a prestación, la diputada considera que esto supone el finiquito para la Ley de Dependencia.
Teresa Rosique aseguró que uno de los primeros objetivos del Gobierno de Rajoy cuando llegó al gobierno fue "cargarse" la Ley de Dependencia. "Las políticas neoliberales de Rajoy están suponiendo una hemorragia de pérdida de derechos, algo que los ciudadanos no podemos aceptar", concluyó.