IU-Verdes está ultimando una iniciativa encaminada a trasladar a las instituciones de la Región de Murcia las claves del decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda.

Para la formación de izquierdas, el decreto impulsado por la consejería andaluza de Vivienda, que gestiona IU, "es perfectamente trasladable a la realidad de la Región, también castigada por los desahucios".

La iniciativa de IU-Verdes pretende dar cumplimiento al mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Para el responsable de Vivienda y Emancipación de IU-Verdes, Sergio Ramos, el objetivo del citado mandato es convertir la vivienda en un derecho, para que "deje de ser la mercancía que ha venido siendo hasta la fecha".

En este sentido, Ramos ha criticado las declaraciones de la consejería de Obras Públicas en las que afirmaba que la iniciativa andaluza generaba inseguridad jurídica, y ha afirmado que "no hay nada más inseguro jurídicamente que llevar 20 años pisoteando un mandato constitucional y violando el derecho a la vivienda y a la tutela judicial efectiva tal y como ha declarado la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo".

Por otro lado, ha denunciado las manifestaciones de la consejería en las que señala que el decreto está encaminado a "contentar a determinada parroquia".

"La parroquia de IU-Verdes es la ciudadanía de la Región de Murcia, que está sufriendo los efectos de la crisis económica y la especial incidencia de esta en materia de vivienda, frente a la parroquia del PP, que nuevamente son las entidades financieras y los especuladores".

Entre las medidas que prevé el decreto andaluz y IU-Verdes planteará trasladar a la Región se encuentra la posible expropiación temporal del uso de las viviendas a bancos y entidades de gestión, de aquellas viviendas que hayan sido embargadas o estén en proceso de ejecución, y que hayan sido propiedad de personas en riesgo de exclusión social o sin alternativa habitacional.

"Esta medida, en ningún caso, implicará sanciones a personas físicas por tener viviendas vacías", ha apostillado Ramos, tras señalar que la propuesta también planteará aspectos orientados a mejorar la fiscalidad de la vivienda y a regular desde lo público el mercado de alquiler.

En definitiva, un conjunto de medidas que pretende paliar la situación de emergencia social en materia de vivienda que se vive en la Región de Murcia y arrebatar la regulación del derecho a la vivienda a los mercados para residenciarla en el ámbito de lo público.