El agravamiento de la situación de la crisis económica sumado al recorte de las ayudas sociales está llevando a muchos ciudadanos a situaciones límite por la falta de respuesta de los poderes públicos, como ha sucedido esta semana con el suicidio de una persona desempleada en Cartagena.

La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique manifestó que las administraciones públicas tienen que poner todos los medios necesarios para que los ciudadanos no se vean abocados a la desesperación.

Rosique pide al Gobierno regional que cumpla la Ley de Renta Básica e informe a los ciudadanos del derecho que por ley tienen a la misma si carecen de recursos.

La diputada socialista hizo un llamamiento a las administraciones públicas y les pide reflexión para que casos como el del suicidio del desempleado de Cartagena no vuelvan a repetirse.

Teresa Rosique reclamó la creación de un fondo de emergencia para hacer frente con carácter de urgencia a todas aquellas situaciones que requieran una respuesta inmediata.

La diputada puso como ejemplo a comunidades como el País Vasco y Navarra que conceden ayudas de emergencia de forma inmediata mientras se realiza todo el trámite para acceder a la Renta Básica.

Cinco veces menor

Rosique denunció que en la Región de Murcia no se está cumpliendo la Ley de Renta Básica que garantiza unos recursos mínimos a todas las personas que carecen de ellos. "Tal y como ha denunciado la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales, el número de personas que en esta Comunidad reciben esta prestación es cinco veces menor que la media estatal, a pesar de contar desde 2007 con una ley que garantiza ese derecho a las personas que carecen de recursos.

Paralelamente, el Gobierno regional ha pegado "un brutal recorte" del dinero que transfiere a los ayuntamientos para servicios sociales, recorte que se suma al realizado por el Gobierno de Rajoy con el Plan concertado. En 2012, el dinero presupuestado para los ayuntamientos en materia de servicios sociales fue de 18 millones de euros; en 2013, esa partida se ha reducido drásticamente hasta los 10 millones de euros; algo que desde el PSOE se viene denunciando.

Rosique agregó que "los ciudadanos no pueden quedar abandonados a su suerte y las administraciones tienen la obligación de garantizar la respuesta que los ciudadanos necesiten, máxime en estos momentos".