Falsificaban mandamientos judiciales para acceder a los domicilios de sus víctimas

Se han practicado cinco registros domiciliarios y se han incautado armas, efectos policiales, material informático y documentos públicos falsificados

La Guardia Civil, en el marco de la operación "AGÜELO, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de robos simulando ser inspectores de policía y funcionarios judiciales que realizaban registros domiciliarios o inspecciones en locales, amparados por autorizaciones judiciales falsificadas por la propia organización.

Los agentes han detenido en las localidades de Murcia, Molina de Segura (Murcia) y Orihuela (Alicante) a los cinco integrantes de la banda. Entre ellos se encuentran dos policías locales de las localidades de Aledo y Abanilla (Murcia) y un militar, Cabo 1° del Ejército del Aire, que se valían de su formación profesional y experiencia para desarrollar la actividad delictiva.

Se les imputa los delitos de Pertenencia a organización criminal, Tenencia ilícita de armas, Tráfico de drogas, Usurpación de funciones públicas, Falsificación documento público y Robo con intimidación.

Además, ha sido detenida una sexta persona, en este caso no como integrante de la banda criminal, sino por delito de tráfico de drogas.

En esta operación se han realizado cinco registros domiciliarios en los que se han incautado gran cantidad de armas y munición, 12.000 euros en efectivo, documentos públicos falsificados, equipos informáticos y efectos policiales como placas y carnets identificativos, grilletes, rotativos y defensas eléctricas.

La investigación comenzó al detectarse la presencia de un grupo de personas que podría estar desarrollando una compleja actividad delictiva en Murcia, Alicante, Albacete, Córdoba, Málaga y Madrid.

La red llevaba a cabo registros domiciliarios ilegales simulando ser agentes judiciales y policiales del Estado, valiéndose de mandamientos judiciales falsificados, todo ello con el objetivo de sustraer grandes cantidades de dinero y drogas, principalmente.

Organizaban una comisión policial y judicial para cometer robos

La organización estaba integrada por cinco personas, entre ellos dos policías locales y un militar. Estos últimos utilizaban su formación profesional y experiencia para diseñar un falso dispositivo policial y judicial orientado a efectuar registros domiciliarios de forma ilícita a traficantes de droga o a cualquier otra persona que pudiera tener grandes cantidades de dinero.

Una vez fijados los objetivos, la red criminal falsificaba mandamientos judiciales con sellos y membretes imitados para hacer más creíble su actividad delictiva. Para ello utilizaban equipos informáticos de última generación.

Para realizar los registros domiciliarios ilegales se identificaban como inspectores de policía y secretarios judiciales, utilizaban inhibidores de frecuencia, scanners y efectos policiales como placas y carnets identificativos de policía, rotativos, grilletes y bridas, así como armamento (pistolas y revólveres) y munición.

Las víctimas, a la vista de la documentación aportada y la apariencia de los integrantes de la organización, pensaban que la actuación policial era lícita, lo que les facilitaba la libertad de movimiento por el inmueble hasta que obtenían su botín (grandes cantidades de dinero, drogas, así como armas y otros efectos de valor).

Los detenidos, efectos recuperados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que ejerce la dirección judicial de la operación junto con la Fiscalía Antidroga de Murcia.

La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.