CROEM presentó hoy las alegaciones al Plan de Gestión del Noroeste proyectado por la Consejería de Presidencia del Gobierno regional y que resume las peticiones de los colectivos reunidos el pasado viernes en su sede: la propia confederación, las Cámaras de Comercio, las organizaciones agrarias y colegios profesionales de la Región de Murcia. 

El escrito de alegaciones afirma que no se garantiza la compensación de los perjuicios que se causarán a los propietarios de terrenos, instalaciones y actividades “por el mero hecho de que sean afectados por su inclusión sobrevenida en algunas de las zonas de protección pretendidas por la citada Consejería”. Para los empresarios, y a la vista de los documentos analizados, “será posible una pérdida de uso de terrenos sin compensación económica adecuada”. 

Por otra parte, explica que supondrá “la inevitable pérdida de competitividad empresarial” así como la limitación espacial del sector empresarial “a zonas predeterminadas alejadas de posibles influencias sobre el medio, lo que en muchos casos afectará significativamente a los costes directos e indirectos de las empresas”.

De ahí que los empresarios insistan en su escrito en “reivindicar un proceso de diálogo para la redacción de unos textos consensuados con el sector empresarial, que no supongan tantos perjuicios para los distintos sectores económicos de nuestra Región”.

En las alegaciones se señala en concreto que el Plan de Gestión del Noroeste se circunscriba en su ámbito de aplicación territorial y sectorial exclusivamente a la superficie de los LIC y ZEPA de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia y que cualquier adición de superficie sobre los delimitados anteriormente se efectúe en terrenos de titularidad públicas. “Si los terrenos son de titularidad privada deberán ser objeto de un convenio específico con los propietarios del territorio correspondiente, donde se arbitren las condiciones pactadas para el uso de toda la sociedad de un bien privado”, matizan.

Asimismo piden que el nuevo Plan que se redacte sea “realmente sostenible y permita y haga compatible la sostenibilidad económica y social del noroeste o la zona a la que se aplique”; que se eliminen las referencias a corredores ecológicos y zonas de amortiguación contenidas en las normas antes referidas “por su carácter no obligatorio y sí perjudicial para la actividad económica y el desarrollo de la región”; y, finalmente, que se elabore una memoria para evaluar los costes y ventajas de la legislación existente para la competitividad de las empresas.