El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha afirmado que el Gobierno regional "debe asumir, ya, un compromiso firme" para abonar a los colectivos de dependientes los 7,3 millones de euros que les adeuda en concepto de atrasos de 2012, tal y como hoy se ha publicado en los medios de comunicación.
Sánchez ha calificado como "intolerable" que los colectivos más vulnerables, entre los que están sin duda los dependientes, tengan un "plus de sufrimiento en la crisis" por una mala gestión del Gobierno regional.
El coordinador de UPyD ha recordado que, además se padecer estos retrasos achacables al Gobierno regional, el colectivo de dependientes se ha visto muy afectado durante todo 2012. Así, ha señalado los recortes en Dependencia por parte del Gobierno central que entraron en vigor en agosto, una nueva reducción de un 13% en el llamado "nivel mínimo protegible", el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad y que, según el coordinador de la formación magenta, supusieron otra "injusta penalización para el colectivo".
Del mismo modo, en esas nuevas medidas del Gobierno adoptadas en agosto, se redujeron en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción. A partir del 1 de septiembre el cuidador ha contado con una bonificación del 10%, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5% del total de la cuota, y el 85% restante a cargo del cuidador no profesional. Y, ahora, en enero de 2013, el cuidador no profesional deberá hacerse cargo del 100% de las cotizaciones sociales. "Aunque en un principio se pudiese pensar que esta medida podría generar la creación de "empleo profesional "en la Dependencia, parece excesivo que los cuidadores familiares tengan que asumir el 100 % de las cotizaciones".
Además, también ha recordado que la Región ya había sufrido un importante recorte de otros 8,5 millones de euros en las partidas que los PGE de 2012, dentro del denominado "nivel acordado" destinado, en principio, a infraestructuras (residencias geriátricas, reparación de edificios) y organización administrativa (informática, gestión), pero que en la práctica, las comunidades lo están usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existente. "Es decir, en total, más de 20 millones de euros de reducción en la Región".
"Si a todo esto añadimos que los usuarios dependientes ya habían "padecido", el pasado año 2012, la implantación, de forma universal e indiscriminada, de las tasas para la valoración de Dependencia, para la solicitud de reconocimiento, revisión y para la certificación del grado de discapacidad, "se puede apreciar la situación crítica en la que quedan los dependientes, en muchos casos colectivos con dificultades por ser perceptores de pensiones mínimas, estar desempleados o tener ingresos mínimos".
Para finalizar, Sánchez ha insistido en que el Gobierno regional debe considerar "absolutamente prioritario" el pago de los atrasos de 2012 a los dependientes.