El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha rechazado hoy que el proyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Reordenación del Sector Público propuesto por el Gobierno Regional por considerar que es "injusto" y "no garantiza una distribución solidaria de las cargas".

Pujante ha asegurado que el citado proyecto de ley "supone gravar fiscalmente a todo el mundo con independencia de su capacidad económica mediante el incremento de tasas y precios públicos, por ejemplo, el canon de saneamiento y tasas que gravan a familias numerosas y personas con discapacidad por pedir determinados certificados".

"En consecuencia, -ha agregado- no nos parece un proyecto de ley que suponga aportar ingresos de aquellos que más tienen y más ganan, sino una presión fiscal indirecta claramente injusta".

Ha abogado por una fiscalidad progresiva que "tenga como referencia el tramo autonómico del IRPF en sus tramos más altos, los depósitos bancarios y un impuesto sobre grandes superficies comerciales a fin de beneficiar al pequeño comercio tradicional que se está viendo perjudicado".

Asimismo, ha exigido que se adopten medidas de fiscalidad de carácter medioambiental para recabar más ingresos públicos y se aprovechen al máximo las posibilidades del tramo autonómico del impuesto de Patrimonio, que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero suprimió y reportaba a las arcas regionales unos 40 millones de euros.

"Son necesarias medidas tributarias más justas que garanticen una distribución de las cargas más solidaria, lo que supondría unos importantes recursos financieros adicionales que, si bien no servirían para cambiar la estructura del presupuesto, sí que ayudarían a compensar a aquellos sectores sociales más desfavorecidos".

Ha recordado al PP que el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la constitucionalidad del impuesto a los depósitos bancarios, y que gracias a la implantación de este tributo la Junta de Extremadura recabará dinero para garantizar el cobro de la paga extraordinaria de los empleados públicos de esa comunidad, lo que repercutirá en el consumo y, por consiguiente, en el comercio.