La Consejería de Sanidad y Política Social ha modificado su estructura de órganos directivos con la finalidad de reordenar las competencias de Política Social, de acuerdo con la política de racionalización que está desarrollando la Administración pública regional.
De esta forma, desaparece la Oficina de la Dependencia, cuyas competencias se integran en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). En concreto, la función de tramitación, seguimiento y control del reconocimiento del derecho a las prestación, contempladas en la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia, que venía desempeñando esta Oficina, pasan a depender de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programa de Inclusión del IMAS.
Por otra parte, la hasta ahora Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración se denominará Dirección General de Política Social, al asumir algunas de las funciones de esta área que gestionaba la Secretaría General de la Consejería.
A las competencias de protección de menores, igualdad, inmigración, voluntariado y cooperación al desarrollo, la nueva Dirección General suma las de desarrollo normativo y órganos de participación, las de planificación y evaluación y las de acreditación e inspección, cuyos servicios dependían de la Secretaría General.
La reordenación de competencias conlleva una serie de cambios al frente de los órganos directivos del Instituto Murciano de Acción Social. De este modo, la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión será ejercida por Miguel Ángel Miralles, hasta ahora director de la Oficina de la Dependencia.
Por su parte, el hasta ahora responsable de esta Dirección General, Juan Castaño, pasará a ocupar la Dirección General de la Discapacidad, mientras que en la de Personas Mayores continúa Enrique Pérez Abellán.
En cuanto a la nueva Dirección General de Política Social, estará al frente Leopoldo Navarro, hasta ahora director general de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración.
Una reordenación coherente
La consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, explicó que se trata de una "reordenación coherente" de las competencias de Política Social "para ayudar a la potenciación y promoción de estas políticas, y al uso racional de los recursos destinados a su desarrollo".
Palacios recordó que con la reunificación de las áreas de Sanidad y Política Social, la Secretaría General había mantenido servicios que eran lógicos en este Departamento cuando existía la anterior Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, "pero que ahora lo más coherente es que estén residenciados en su área correspondiente".
Asimismo, indicó que el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia aconsejaba reagrupar todas las funciones relacionadas con esta materia en un solo órgano directivo "en el que ahora se podrán concentrar todos los esfuerzos a favor de las personas dependientes".