La Ley se extendería a la actividad docente en los propios centros y al resto de las actividades complementarias o extraescolares
La Vicesecretaria General de Sectorial, Estudios y Programas del PP regional, Inmaculada González, ha valorado hoy “muy positivamente” la aprobación de la Ley de Autoridad Docente, una iniciativa que considera “un compromiso personal del presidente Valcárcel y del Partido Popular, puesto que era un objetivo de nuestro programa electoral” y con la que “haremos valer la figura del profesor en respuesta a una demanda de la sociedad murciana, que reconoce el importante papel que éstos juegan”.
Para González, los profesores “constituyen una parte esencial en el proceso de aprendizaje y el desarrollo personal del alumno”, por lo que esta Ley “garantiza la protección jurídica que se deriva de dicha atribución en caso necesario, así como la presunción de veracidad de los hechos que éstos constaten, algo que sólo se reconoce a personas que están investidas de autoridad".
“Por ello, los profesores serán considerados ‘autoridades públicas’ docentes”, ha subrayado, añadiendo que “además se contempla que de los daños que se ocasionen en los centros se hará cargo la familia del alumno en cuestión, que deberá pagarlos si así se estima”.
Según ha explicado, la Ley de Autoridad Docente “no es una cortina de humo, como señala el principal partido de la oposición, en su línea de criticar todo lo que se proponga desde el Partido Popular, sino que responde a una demanda de la sociedad murciana, que reconoce el importante papel de los docentes en nuestra Región, así como a la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas”.
En este sentido, la dirigente ‘popular’ ha destacado que el Anteproyecto de Ley ha sido compartido con toda la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores, y finalmente, ha contado con el visto bueno del Consejo Jurídico.
Esta normativa, que González estima “importante para aportar soluciones eficaces y para abrir nuevos espacios a la consideración y protección real del docente”, cuenta con el visto bueno del Consejo Jurídico y será aplicado en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región que imparten enseñanzas no regladas no universitarias, extendiéndose tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.