El Anteproyecto de Ley ha sido compartido con la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, como el Consejo Escolar de la Región de Murcia, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores, y cuenta, además, con el visto bueno del Consejo Jurídico.

El objetivo de la norma es reforzar el papel social del docente ante la comunidad educativa, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, así como establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución.

Para ello, el texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la Ley Orgánica de Educación, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son, por un lado, el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y, por otro, la presunción de veracidad de los hechos que estos constaten, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.