Región

Los presupuestos de la Consejería de Presidencia son “una ruina para los ciudadanos de la Región”

El diputado Francisco Abellán asegura que los ayuntamientos son los más castigados y concluye que el ciudadano “no paga para que le peguen”

El responsable de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Abellán manifestó que estos presupuestos son “una ruina para los ciudadanos de la Región y para los ayuntamientos”.

Abellán reconoció que los presupuestos de la Consejería de Presidencia para 2013 se presentan en un contexto económico muy difícil: con 3.422 desempleados más, con una tasa de paro del 28,81 por ciento, la subida del IVA que ha tenido un efecto muy negativo en el comercio minorista, mientras que el déficit de la Región ha alcanzado un 2%.

Esto hace que el presupuesto de esta Consejería sea muy restrictivo en derechos y bienestar. “El consejero dice que son realistas porque obedecen a la realidad de pensamiento de la mayoría de los ciudadanos, porque mantienen el estatus político administrativo de la Comunidad, pero no cumplen ningún objetivo. Eso convierte a esta Consejería en perfectamente prescindible. El ciudadano NO paga para que le peguen”, afirmó.

Francisco Abellán señaló que el presupuesto para 2013 es de 125.971.396 euros, un 27 por ciento menos que en 2012. Sin embargo, advirtió que desde 2011 este presupuesto ha disminuido un 75 por ciento. “En tres años hemos pasado del Aquí no hay quien viva porque gobernaba Zapatero, a La que se avecina porque llegó Rajoy, para acabar en la situación actual donde Esta casa es una ruina”.

Los ayuntamientos son los más castigados en este presupuesto, al quedarse “como busca vidas”, ya que desaparece el Plan de Cooperación Local, se reduce la transferencia de seguridad ciudadana y no son participativos.

Medio Ambiente

En materia de Medio Ambiente, el diputado socialista denunció que no se ha convocado al Consejo Asesor de Medio Ambiente y no se ha emitido el informe preceptivo sobre los presupuestos. “Se ha vulnerado el artículo 2.3 del Decreto 42/1994, de 8 de abril y se ha quebrantado el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos”.

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