Decenas de trabajadores de la Consejería de Educación se han visto sorprendidos en su nómina de octubre al verla disminuida en cantidades de entre 150 y 600 euros por haber estado en situación de baja médica.

La sorpresa viene dada por varios motivos:

La Consejería ha decidido aplicar estos recortes salariales a todos los profesionales que han estado de baja médica en algún momento a partir del 15 de julio cuando en el resto de la Administración autonómica se ha retrasado la fecha hasta el 15 de octubre.

Los recortes salariales se han aplicado no solo a bajas medicas sino a licencias de maternidad o paternidad.

La penalización salarial se ha aplicado también a quienes previamente han justificado documentalmente que sus bajas se deben a patologías excluidas de sanción económica, como intervenciones quirúrgicas, procesos oncológicos, enfermedades relacionadas con el embarazo y maternidad o a accidentes de trabajo.

CCOO denuncia que la Consejería de Educación no dictó instrucciones sobre cómo actuar en caso de enfermedad para evitar este nuevo tijeretazo a los salarios hasta el 4 de octubre (aunque no las puso en su web hasta el 10). Esto implica que quienes han caído en baja médica desde el 15 de julio hasta el 10 de octubre han estado en situación de indefensión.

CCOO considera intolerable que se recorte de oficio y que solo se reintegre a quienes, estando en alguna de las situaciones excepcionadas, lo solicitan y acreditan la excepción.

CCOO considera inconcebible que se penalice la situación de maternidad y que las madres hayan de justificar que están de licencia de maternidad como consecuencia de haber tenido un hijo (hecho que la Administracion ya ha comprobado previamente antes de conceder la licencia).

CCOO denuncia que la Consejería obligue a declarar sobre sus enfermedades a sus empleados en flagrante violación de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal que prevé que este tipo de información solamente pueda ser tratada por personal sanitario sometido a secreto profesional.

CCOO exige que se suspenda la aplicación de esta medida en tanto no se establezcan procedimientos transparentes que respeten la presunción de veracidad de los empleados públicos, la legalidad vigente y el sentido común.