Espera que se produzca un debate importante para presentar sus propuestas de mejora

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) valora positivamente el anteproyecto de ley para la mejora de la cadena agroalimentaria que el Consejo de Ministros analizó en su sesión del pasado viernes. La organización considera que puede ser un paso importante para acabar con los desequilibrios en la cadena de valor y que los agricultores y ganaderos reciban precios más justos.

El presidente de Fecoam, Santiago Martínez Gabaldón, destaca que la normativa debe aplicarse en toda su amplitud y con valentía para atender una demanda histórica del sector. Además, espera que se produzca un debate importante para presentar algunas propuestas de mejora, puesto que el texto de la ley todavía no cumple con las expectativas.

La organización ya ha trasladado estas medidas en sendas reuniones mantenidas con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, en los últimos meses. "Es el momento de trabajar para mejorar en todo lo que se pueda el sector agrario y el mundo cooperativo", resalta. También espera que se produzca un apoyo decidido de todos los partidos políticos.

Fecoam advierte que todos los esfuerzos del sector agropecuario no se traducen en unos ingresos adecuados para el productor. Se mantienen unos precios bajos en origen y muy altos en destino, lo que precisa de un planteamiento serio y duro en los márgenes comerciales de los diferentes agentes que intervienen en la cadena alimentaria, y pone de manifiesto la necesidad de establecer medidas que velen por un precio justo y ético a recibir por el agricultor y a pagar por el consumidor.

La futura ley pretende impulsar la eficacia y la competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio de agricultores, ganaderos y consumidores.

El anteproyecto contempla un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria. Establece la obligación de formalizar por escrito los contratos, cuyos elementos esenciales serán pactados por las partes; prohíbe determinadas prácticas comerciales, como los pagos comerciales no previstos, y se regulan otras como el suministro de información comercial sensible.

También busca establecer un control administrativo, otorgando potestad sancionadora al Ministerio de Agricultura, y crea el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, con un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos, así como un registro estatal de los operadores adheridos.

El Consejo de Ministros también estudió el anteproyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. El objetivo es que las cooperativas españolas crezcan en dimensión y capacidad y sean más competitivas.