Los concejales de IU-Verdes de Caravaca, Cehegín, Moratalla y Calasparra han denunciado hoy el estado de abandono en que se encuentra la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca del Noroeste.

Según los concejales, esta situación "no es consecuencia de la crisis económica, sino de una cuestión ideológica y de la falta de voluntad política, especialmente de los municipios gobernados por el PP, que son los que acumulan la mayor deuda, y de la Comunidad Autónoma".

Juan Berbell, edil de Caravaca, ha manifestado que "el Gobierno Regional tiene una deuda con la Mancomunidad de un millón de euros acumulado desde 2010, lo que ha obligado a la misma a obtener préstamos cuyos intereses no puede ya soportar, según se desprende del informe del interventor de la Mancomunidad".

Berbell ha señalado que a la deuda de la Comunidad Autónoma se suman la de Caravaca, que debe 518.308 euros; Cehegín, cuya deuda asciende a 160.000 euros; Moratalla, con más de 153.000 euros, y Calasparra, que debe 39.142 euros.

El concejal de Calasparra, Ricardo García, ha denunciado la situación de abandono en que se encuentran los 21 trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad, a los que se les adeuda el sueldo de cuatro meses de forma permanente desde hace casi dos años, y ha subrayado la "lamentable" situación de los siete trabajadores despedidos, a los que no se les paga la indemnización ni los salarios adeudados.

Por su parte, la concejala de Cehegín, María José Rodríguez, ha dicho que la situación de quiebra de la Mancomunidad "es intencional ya que sigue la cadena de despropósitos de los planes de ajuste desde Madrid hasta la Comunidad Autónoma, la cual revela su principal objetivo de desmantelamiento del Estado del Bienestar para entregarlo al sector privado y concretamente a la banca, que busca recuperar sus pérdidas en el sector inmobiliario copando sectores emergentes, como el sector de los servicios sociales, o sectores tradicionalmente públicos como la sanidad, las pensiones y la educación, siendo lo más grave que se tratará de una privatización concertada, es decir con dineros públicos para garantizar su tasa de beneficios sin someterse a riesgo alguno".

Rodríguez ha concluido que, con independencia de la situación de quiebra de la Mancomunidad, "la reforma del régimen local que Rajoy está preparando se carga las mancomunidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes y todos aquellos servicios municipales que no puedan ser sostenidos con recursos propios, lo que constituye la puesta de entrada de eliminación de cualquier tipo de servicio social que no sea la beneficencia, esto explicaría el limbo en que se encuentra la Mancomunidad".

Diego Fernández, edil de Moratalla, ha manifestado que "la inversión en servicios sociales y bienestar social es una cuestión de voluntad política, que la derecha nunca ha creído en los servicios sociales ni en los derechos de la gente por eso cuando hacen sus presupuestos recortan por abajo, en derechos de la gente y despilfarran para salvar las ganancias de los que más tienen".