Con esta Ley, el Gobierno regional pretende promover la actividad económica, la iniciativa empresarial y la creación de empleo a través de tres puntos clave: la reducción de las barreras administrativas y el apoyo financiero a los emprendedores, el asesoramiento y la planificación de las políticas de fomento de la actividad emprendedora y la formación temprana a los jóvenes en creación de empresas.

Dentro de las medidas para la reducción de obstáculos a la constitución de nuevas empresas el Anteproyecto de Ley incluye la reducción de los trámites administrativos y el desarrollo de un Sistema de Tramitación Telemática de Creación de Empresas. También contempla la creación de los Puntos de Activación Empresarial para Emprendedores (PAEE), así como una Plataforma del Emprendedor donde se concentrará toda la información sobre los servicios de apoyo financiero y asesor que tienen a su disposición los emprendedores.

En el aspecto financiero, la Ley articulará medidas novedosas como la apertura de un mecanismo de compensación de deudas entre los empresarios y la Administración regional, que podrá hacerse extensivo a los ayuntamientos. Igualmente, se promoverán acuerdos periódicos con entidades financieras para la apertura de instrumentos específicos de apoyo a los emprendedores y se potenciarán otros medios de agilización del crédito a través de empresas de capital riesgo, sociedades de garantía recíproca o la creación de una red de 'Business angels' dispuestos a invertir en empresas jóvenes.

Asimismo, la ley prevé actuaciones específicas en materia de internacionalización, a través del diseño de programas personalizados para aquellas empresas que deseen exportar. Se fomentará la transferencia de tecnología y el desarrollo de incentivos fiscales y mecanismos de financiación para favorecer los proyectos de investigación e innovación empresarial.

Para la coordinación de las políticas de emprendedores, se creará el Consejo del Emprendimiento de la Región, que elaborará el Plan de Apoyo al Emprendedor, con una vigencia de cuatro años. El objetivo será promover un marco jurídico, económico y social que facilite la creación de empresas, que regeneren el actual tejido económico y mejoren la competitividad y productividad de las empresas murcianas.

La normativa prevé también la colaboración de Administración regional y ayuntamientos para el fomento de la actividad empresarial de los emprendedores, reemprendedores y pymes, para lo que se han desarrollado iniciativas tendentes a estimular el desarrollo empresarial local y de un entorno propicio para la creación de empresas.

El texto del Anteproyecto de Ley ha incorporado las aportaciones que han hecho los organismos a los que se les ha dado trámite de audiencia, entre los que se encuentran las Cámaras de Comercio, Industria y Navegción de Murcia, Cartagena y Lorca, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (CROEM), la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), las asociaciones de empresas de economía social UCOMUR y AMUSAL, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos en Murcia y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Murcia y Cartagena, los sindicatos más representativos, UGT y CCOO y las universidades de la Región, entre otros.