El Secretario Ejecutivo de Infraestructuras, Vivienda y Territorio del PP regional, José Miguel Luengo, ha considerado hoy "muy positivo" que el Gobierno central vaya a reducir de 100 a 20 metros la zona de servidumbre de protección en las localidades costeras, "pues las va a proteger más, dando respuesta a las demandas históricas de los 271 km de litoral murciano".

Luengo ha explicado que esta reforma podría beneficiar, por ejemplo, a los núcleos de La Chapineta y El Portús (Cartagena), "que hasta ahora no habían podido mejorar sus infraestructuras y servicios urbanísticos".

Asimismo, los enclaves catalogados como BIC (Bien de Interés Cultural) recibirán un tratamiento diferenciado que prevalecerá sobre la Ley de Costas, beneficiando a balnearios emblemáticos como el Floridablanca (San Pedro del Pinatar) y el Embarcadero del Hornillo (Águilas).

"También las Salinas de San Pedro del Pinatar y las de Marchamalo (La Manga del Mar Menor) verán revisados sus deslindes", ha señalado, "ya que los terrenos que sean inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto no formaran parte del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)".

"Sin embargo, sí seguirán siendo DPMT los terrenos invadidos por el mar a causa de la intervención humana, siempre que resulten navegables, como es el caso de la dársena interior del Puerto de Cabo de Palos", ha apostillado.

Por otra parte, Luengo ha destacado que "en las edificaciones destinadas a residencia situadas en servidumbre de protección y anteriores a la Ley de 1988 se podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, siempre que no implique un aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes".

Y es que, según ha recordado, "hasta ahora estas obras de mejora no se podían realizar, pero el nuevo modelo permitirá a los propietarios renovar sus viviendas".

A su juicio, "la 'tolerancia cero' de la Ley frente a las agresiones a la costa es muy positiva, pues la esencia de la reforma es hacer compatible el desarrollo económico de nuestras costas con la protección del litoral", y en este sentido "la reforma de la Ley incluye un novedoso mecanismo de tutela por parte de la Administración del Estado que podrá suspender, a través del delegado del Gobierno, aquellos actos y acuerdos de las entidades locales que afecten a la integridad del DPMT o de la servidumbre de protección".

El dirigente 'popular' ha subrayado que "la seguridad jurídica con la que se dota a los propietarios es un aspecto capital en esta modificación", ya que, según ha indicado, "nunca se volverá a dar el caso de que un ciudadano haya comprado una vivienda en la costa y descubra, después, que ésta no le pertenece porque es DPMT".

"Para evitar esta situación se le obligará a inscribir los bienes de DPMT en el Registro de la Propiedad", ha concluido.