El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al decreto que regula el nuevo reglamento de la Inspección General de Servicios, cuyo objetivo es seguir impulsando la Administración electrónica para ahorrar trámites a ciudadanos y empresas y reducir gastos.
El objetivo es evitar gastos y desplazamientos mediante una Administración en la que puedan realizarse telemáticamente la mayor parte de las gestiones administrativas.
La principal novedad del reglamento es que la Comunidad amplía el grado de supervisión a sus procedimientos de gestión para garantizar que se llevan a cabo tareas de simplificación y agilización de trámites para los ciudadanos gracias al uso de las nuevas tecnologías.
Así, el reglamento supone un impulso a la labor de racionalización, simplificación y rediseño de los procedimientos administrativos, lo que incluye, en primer lugar, realizar un análisis previo de los posibles costes innecesarios o que se consideren desproporcionados y que vengan recogidos en las diferentes normativas, con el fin de reducir al máximo la carga burocrática sin renunciar en ningún caso a la necesaria seguridad jurídica.
Además, se van a elaborar y desarrollar programas de simplificación, agilización y transparencia de los procedimientos, así como actuaciones de interoperabilidad entre las diferentes consejerías, sistemas de la información y aplicaciones informáticas corporativas.
Finalmente, se impulsará el proceso de incorporación de las tecnologías de la información a la actuación administrativa, lo que permitirá prestar un mejor servicio a los ciudadanos y empresas, reduciendo los tiempos en la tramitación de expedientes y evitando desplazamientos a los ciudadanos, así como una importante reducción de gastos para la administración regional.
La Consejería de Economía y Hacienda puso en marcha el pasado año un proyecto de simplificación administrativa que ha permitido evitar un total de 345 procedimientos, al tiempo que se mantienen en vigor un total de 996 procedimientos simplificados.
Esto ha supuesto que este año no haya sido necesario solicitar más de 682.612 documentos a ciudadanos y empresas y está previsto que el próximo año esa cifra supere el millón de documentos (1.371.029). Esta disminución documental supone una importante reducción en el número de trámites, cifrada en más de un 60 por ciento para el próximo año.
La Inspección General de Servicios es una unidad adscrita a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la Consejería de Economía y Hacienda que se encarga de supervisar el correcto funcionamiento de los diferentes órganos administrativos de la Comunidad.