El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro presentó el pasado día 24 de mayo una moción en la Asamblea en la que pide al Gobierno regional que inste al Gobierno de la Nación para que active y ponga en marcha la emisión de los llamados hispanobonos.

Subrayó que en “ningún caso la puesta en marcha de los hispanobonos tiene que llevar aparejada como contrapartida la determinación de mayores ajustes y recortes a la población”.

Por otra parte, el diputado manifiesta que, sin embargo, es necesaria la eliminación de muchos chiringuitos en forma de empresas públicas, organismos autónomos o entidades públicas empresariales, así como la reducción de consejerías y la reconsideración de muchas privatizaciones y externalizaciones de servicios”.

Apoyo a la negociación con Europa

Navarro reclama que la Asamblea Regional inste al Consejo de Gobierno a fin de que traslade al Gobierno de España el apoyo a la negociación con Europa de los eurobonos.

El diputado socialista argumenta en su moción que, entre otros efectos, la crisis de la deuda soberana ha producido una gran desconfianza de los mercados financieros hacia los llamados mercados periféricos, afectando de manera desigual a todos los emisores.

Así, por ejemplo, “afecta muy negativamente a la deuda emitida por las Comunidades Autónomas, donde influyen otros factores como la bajada de las calificaciones crediticias por parte de agencias de calificación, una ausencia casi total del crédito y un incremento muy sustancial de los costes de financiación”.

En este mismo ámbito –según recoge el texto de la moción- la afectación, aunque con intensidad diferenciada, se produce también respecto al conjunto de países de la Unión Europea. Los gobiernos conservadores de la Unión hasta ahora han negado la posibilidad de la emisión de eurobonos como medida para ayudar a los países a garantizar sus emisiones de deuda a intereses razonables.

Por todo ello, argumentó el diputado “sería necesario que el Estado adoptara medidas concernientes a la financiación de las Comunidades Autónomas evitando, entre otros, los grandes problemas que se podrían producir en los servicios básicos por una falta de liquidez”.