En ella se alerta de los graves impactos que el proyecto de macropuerto tendría sobre la Red Natura 2000

Ecologistas en Acción, prosiguiendo con sus acciones en contra de la ubicación de un macropuerto de contenedores en El Gorguel, presentó una petición parlamentaria haciendo uso de los instrumentos de participación pública de la Unión Europea. En ella la asociación informaba de los graves impactos que sobre la Red Natura 2000 conllevaría la instalación de esta macroinfraestructura en El Gorguel, así como de la incompatibilidad con la adecuación de la Bahía de Portmán, deuda histórica con el pueblo de La Unión.

Los ecologistas anuncian que la Comisión de Peticiones acaba de comunicarles que se ha admitido a trámite su demanda, y que se ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema, que afecta a zonas Red Natura 2000, de protección ambiental internacional.

Para Natalia Martín, responsable de Medio Marino: “es indispensable que la UE mantenga un papel vigilante en la consecución de este proyecto”, y añade que “tanto a través de una pregunta parlamentaria formulada hace unos meses, como con la actual admisión a trámite de la petición realizada por Ecologistas en Acción, Europa ya está al tanto de este insostenible proyecto que indudablemente afecta a la Red Natura 2000, y confiamos en que estará atenta al proceso que se siga en España”.

En este sentido, Natalia Martín recuerda que la ley obliga a realizar un Informe de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 en determinados supuestos, como este, y que dadas las dimensiones del proyecto de macropuerto de contenedores y zona logística anexa, resulta prácticamente imposible que no se vea obligado a pasar una evaluación a nivel europeo, que debe velar por la conservación de los valores que hicieron posible la integración de la zona del Gorguel en la red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000.

Así, el colectivo ecologista da un paso más en la lucha contra este megalómano proyecto que promueve la Autoridad Portuaria de Cartagena, y apoya el Gobierno Regional, recordando y exigiendo que se deben respetar todos los trámites ambientales y elaborar los informes ambientales de una manera rigurosa, de forma que se estudien alternativas reales que no supongan un impacto de estas características.

La apuesta por grandes infraestructuras de este tipo es, según Martín: “un sin sentido y un derroche económico y de recursos, que finalmente lleva a la sociedad a asumir elevados costes  derivados de la nefasta gestión de las administraciones públicas, hipotecando las posibilidades de futuro de nuestra sociedad”.