También han mandado una carta a ElPozo para que ejerza un mayor control en las prácticas ganaderas de sus proveedores y recinda contratos con quienes lleven a cabo o toleren este tipo de maltrato

Ecologistas en Acción ha exigido a las administrciones competentes que se depuren responsabilidades, tras tener conocimiento de los hechos que ha denunciado la asociación Igualdad Animal, relativos a salvajes maltratos a animales presuntamente criados en una granja porcina en El Escobar, perteneciente al municipio de Fuente Álamo.

La asociación ecologista, cuyos miembros todavía estan aturdidos por la dureza de las imágenes, consideran el caso de claro delito por maltrato animal, recogido en el Artículo 337 del Código Penal, ya que además de incumplirse la legislación que regula la matanza de animales, hay un especial ensañamiento y daño gratuitos a los animales.

Los ecologistas consideran poco provable que la dirección de la empresa no tuviera, como mínimo, sospechas de dichas prácticas, ya que los daños físicos que quedan en los cadáveres son muy evidentes, y el control sanitario exigido en las granjas impide la desaparición de ejemplares por arte de magia. De hecho las granjas porcinas, así como el resto de explotaciones ganaderas, se ven sometidas a un estricto control sanitario de trazabildad que incluye a los animales que perecen o han de ser sacrificados en la explotación. 

Por otro lado, al margen del delito de maltrato, también es aplicable a este caso la legislación que regula la matanza de animales fuera de los mataderos y en la que se estipula específicamente como infracción muy grave el incumplimiento de la obligación de aturdimiento previo, así como el propio maltrato a los animales, y que fija sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros e incluso el cierre de la explotación, dependiendo de los posibles atenuantes o agravantes, como la alarma social creada.

También deberá investigar la Consejería de Sanidad la posible manipulación de las causas de las muertes en que haya podido incurrir la empresa a la hora de dar parte a las autoridades sanitarias, como es obligación en este tipo de explotaciones ganaderas destinadas a consumo humano. En caso de confirmarse la falsedad documental, habrá de aplicarse a dicha empresa la sanción correspondiente.

Por todo ello, la asociación ecologista ha considerado necesaria la investigación exaustiva del caso y la depuración de responsabilidades, tanto dentro de la empresa como en la propia administración, y además ha exigido que se aumenten los controles a este tipo de explotaciones para evitar en el futuro este tipo de salvajadas.

Para terminar, Ecologistas en Acción ha anunciado que también ha dirigido un escrito a la empresa de embutidos El Pozo, que se provee de estas granjas para elaborar sus productos, para que exija a sus proveedores que cumplan con el código de buenas prácticas ganaderas, de manera que se minimice el sufrimiento de los animales. En su escrito, instan a El Pozo a que rescinda contratos con las empresas y explotaciones ganaderas que toleren o alienten este tipo de prácticas inmorales, inhumanas e ilegales con los animales.