Las Federaciones del Área Pública de CCOO y UGT recurrirán la implantación forzada de la jornada laboral de 37 horas y media a la semana por considerar que el Consejo de Gobierno carece de atribuciones legales para adoptar esta decisión.

Ni el RDL 20/2011 aprobado por el Gobierno Central el pasado 30 de diciembre (que establece las 37,5 horas para el sector estatal de la administración), ni la Ley 6/2012 de Presupuestos Regionales que establece que la modificación de la jornada de trabajo se hará mediante negociación, habilitan al Gobierno regional a imponer unilateralmente este aumento de jornada.

CCOO y UGT denuncian que con esta medida el Gobierno regional prepara una sustantiva reducción de las plantillas de empleados públicos que atienden los servicios públicos, lo que generará un nuevo incremento del desempleo en la Región y un deterioro en las condiciones en que los ciudadanos reciben estos servicios.

Asimismo, UGT y CCOO denuncian que las dos reuniones de la Mesa General en las que el Gobierno Regional anunció su decisión de establecer la jornada de 37,5 no han constituido una negociación de la misma, pues desde el primer momento el Gobierno Regional dejó clara cual era la decisión que ya tenía tomada de antemano y lo único que se planteó era si lo iba a hacer con el acuerdo de las organizaciones sindicales o sin ellas.

Una vez consumada en el día de hoy esta nueva agresión a los empleados públicos murcianos y a los servicios públicos, CCOO y UGT promoverán cuantas acciones de rechazo y repulsa consideren necesarias.

Por último, CCOO y UGT reclaman la vuelta a la jornada semanal de 35 horas, la derogación de todas las medidas restrictivas de derechos y la recuperación plena de los acuerdos suspendidos y derogados.