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CCOO: "Al Ejecutivo Regional no le interesa la negociación laboral del Sector Público"

Esta mediodía estaba previsto se reuniese la Mesa General de la Función Pública para dirimir entre otros la jornada laboral de este año 2012 así como la continuidad de la ley de medidas extraordinaria. En la misma puerta de la reunión y sin explicación, siquiera insinuación, previa se ha suspendido. Se ha informado a los sindicatos incluidos en la Mesa que el Consejero Salvador Marín ha dimitido de su cargo y que por tanto no era posible celebrar dicha reunión.

Dejando a un lado que el ejecutivo siempre tiene tiempo para reunirse en otros foros sin legitimidad de negociación laboral como la "Mesa de la Sanidad", a CCOO no le interesa los motivos que alegue el Sr Marín para dimitir. Lo que si le interesa son los miles de trabajadores del sector público que a día de hoy desconocen su jornada laboral para este año así como la normalización de sus retribuciones tras el teórico vencimiento de la Ley 1/2011 de medidas extraordinarias.

Para CCOO está muy claro que es al Ejecutivo Regional al que no le interesan nada sus empleados ni su situación laboral. Porque es improbable que el Sr Marín haya recibido esta mañana una oferta de trabajo que no ha podido rechazar. Estas ofertas no se generan de la noche a la mañana y nunca se aceptan o rechazan en el acto. Hasta en la prensa de hoy 12 de Enero daban cuenta de las ofertas al Sr Marín. Por ello no cabe que el Ejecutivo justifique la anulación del encuentro a la decisión del Consejero.

Los trabajadores públicos de esta Comunidad Autónoma tienen derecho a conocer su situación socio laboral actual, y, mediante sus representantes sindicales, negarse a los posibles recortes o gestionar fórmulas de consenso. Pero el Ejecutivo no considera que los empleados o sus representantes sean los actores principales de este drama, y condiciona los derechos de más de 40000 trabajadores a la decisión de un cargo concreto.

CCOO considera que el Sector Público murciano se encuentra en una situación de excepción laboral que necesita de una solución urgente y reclama del Ejecutivo un interés real en su consecución

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