La diputada regional Teresa Rosique informó que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea para que la Consejería de Sanidad "elabore un censo de mujeres a las que se hayan implantado las prótesis mamarias PIP, residan dentro o fuera de la Región, con el objetivo de conocer el alcance de este problema sanitario dentro en nuestra Comunidad Autónoma".

En la moción se solicita también que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, la Consejería preste todo su apoyo y cobertura sanitaria a las mujeres afectadas, y que desde el SMS se proceda a la retirada de estos implantes defectuosos.

La diputada regional Teresa Rosique indicó que, además, Sanidad debe establecer un punto de información al que puedan dirigirse las mujeres afectadas para aclarar sus dudas. "Asimismo, debe reclamar al Ministerio la elaboración urgente de los análisis y estudios científicos necesarios para determinar el riesgo real en caso de rotura de las prótesis".

En opinión de Rosique, el problema suscitado con las citadas prótesis, implantadas a unas 10.000 mujeres en España, "ha pasado de ser una cuestión de cirugía estética a convertirse en un problema de salud".

"En la Región de Murcia, sólo el SMS implantó prótesis PIP a 29 mujeres entre 2005 y 2007, cinco de las cuales han tenido que ser cambiadas por problemas de rotura. Pero hay muchas más mujeres implantadas, según declaraciones del presidente de la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, quien ha comunicado que algunos de estos implantes han tenido que ser retirados por el mismo motivo. Y habrá que sumar también las mujeres que, residiendo en la Región, han sido implantadas en otras comunidades", añadió.

Para Rosique, la recomendación de que acudan al cirujano que les realizó la intervención para que valore la retirada o no de los implantes, contando con que cada médico tiene su propio criterio, "no parece una respuesta suficiente por parte de las autoridades sanitarias responsables de la prevención en materia de salud, máxime cuando se ha reconocido el elevado riesgo de rotura de los implantes, con las consecuencias negativas que para la salud de esas mujeres puede tener".

"En países como Francia, las autoridades sanitarias han asumido la retirada de las prótesis PIP sin esperar a que se produzca un problema para la salud de las mujeres que, de producirse, tienen todo el derecho a ser atendidas en la sanidad pública. Esperar a que eso ocurra supone un riesgo innecesario para las afectadas, y mayor coste económico para las arcas públicas", finalizó.