La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, informó que con la mitad de lo que se recaudaría con el impuesto de Patrimonio se podría pagar lo que el Gobierno regional adeuda a las organizaciones sociales, al tiempo que se eliminarían los recortes que los Presupuestos para 2012 aplican a las partidas de inclusión social en distintas Consejerías.
Rosique explicó que la deuda del Gobierno de Valcárcel asciende ya a 6 millones de euros. La deuda de 2010, sólo con las entidades que conforman la red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN), asciende a más de 2 millones de euros, a lo que hay que sumar la deuda de 2011, que en conjunto con todas las organizaciones sociales suma cerca de 4 millones de euros.
"A esto hay que añadir el problema suscitado con diversos programas para los que no se ha efectuado la convocatoria de las subvenciones correspondientes, a pesar de estar recogidos en los Presupuestos para 2011. Esto ha impedido que numerosas organizaciones sociales hayan podido acceder a estas ayudas".
Situación insostenible
La diputada socialista añadió que esta "insostenible situación" está provocando que numerosas organizaciones sociales se encuentren al límite de la subsistencia, incluso han desaparecido muchos de los programas que desarrollaban, quedando cientos de personas privados de estos servicios y cientos de profesionales de Política Social engrosando las listas del paro.
"Si a esto sumamos el recorte de 6 millones de euros que las organizaciones sociales calculan que se ha producido, fundamentalmente, en aquellas partidas que tienen que ver con la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el escenario originado por el Gobierno regional no puede ser más desalentador", comentó.
Sin embargo, "a Valcárcel y su gobierno no les produce ningún cargo de conciencia ni ningún problema ético renunciar a la aplicación, como están haciendo otras autonomías, del impuesto de Patrimonio en nuestra Región a las rentas más altas; y ello, a pesar de que en nuestra Comunidad Autónoma los índices de pobreza y exclusión social alcanzan ya el 30 por ciento, casi 8 puntos por encima de la media nacional", denunció.
Saldar la deuda y evitar recortes
La diputada aseguró que sólo con la mitad de lo que se recaudaría con ese tributo, "habría para saldar la insostenible deuda con las organizaciones sociales que conforman el tercer sector. Asimismo, se evitarían los recortes en materia de inclusión social, aplicados en los Presupuestos regionales para 2012 en diversas Consejerías".
El Grupo Parlamentario Socialista exige al Gobierno regional el pago a las organizaciones sociales de la deuda contraída con las mismas desde 2010, así como la eliminación de los recortes que les afectan, utilizando para ello la aplicación en nuestra Comunidad Autónoma del impuesto de Patrimonio a las rentas más altas.